Los 4.000.000 de trabajadores contarán con un salario social complementario de 10.000 pesos -mismo monto que reciben casi 9.000.000 de personas con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) – y tendrán derechos laborales básicos. Como contraprestación, deberán trabajar 60 horas por mes. También está previsto la creación de 170.000 empleos registrados regulados por convenio colectivo.

El “Fondo Mugica”, así fue denominado, tendrá como principal objetivo financiar el trabajo comunitario y unificar todos los planes sociales bajo un nuevo esquema, que se llamará Potenciar Trabajo. Los impulsores del plan proponen costearlo con una “profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas”.

Además, según las estimaciones que realizaron los movimientos sociales, con los recursos que el Estado ya proporciona con el programa Alimentar, el monotributo social y otros planes provinciales, se podría cubrir el 35% del fondo. Se trató de un primer encuentro; el próximo, donde se terminarán de ajustar los detalles, se realizará en las próximas semanas.

“Fue una muy buena reunión y un capítulo más en la alianza estratégica con los movimientos sociales. Es un plan que le vamos a acercar al Gobierno para dar los primeros pasos pospandemia”, dijo a LA NACION Martínez que, con la presencia de Pablo Moyano (Camioneros) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), logró sumar al proyecto a todo el movimiento obrero.

De esto hablaron el último viernes el Presidente y Grabois en la quinta presidencial de Olivos. Según contó el representante social, Alberto Fernández le brindó su apoyo al plan de Desarrollo Humano Integral y le pidió que lo articule con Martínez.

El encuentro se dio después de que tomara estado público que Cristina Kirchner trabaja en un rediseño de los programas sociales. Como publicó LA NACION, lo imagina como la viga maestra de un proyecto para evitar que se dispare el índice de pobreza por la crisis que ahondó el coronavirus.

Lo que está en evaluación es cómo reemplazar el auxilio estatal, representado por el IFE, para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías por un plan con un perfil más laboral que asistencial. Según las estimaciones que realizan en el Ministerio de Desarrollo Social, un tercio de ese universo se quedaría sin ingresos cuando concluya la asistencia.

El primer paso lo dieron hoy en una reunión que se realizó en la sede de la Uocra. Preocupados por el impacto de la crisis económica, líderes sindicales y de organizaciones sociales resolvieron generar un espacio para definir una estrategia común para la pospandemia.

Otro de los objetivos es llevar gran parte de los trabajadores a “pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas”, para poblar el país. En el documento que oficializaron esta tarde quedó plasmado el consenso de sindicatos y movimientos sociales.

Además de Martínez, Moyano, Sasia y Grabois, estuvieron Laura Ávalos y Julián Domínguez (Smata), Esteban Castro (UTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores (MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo (Movimiento Popular La Dignidad) y Juan Carlos Alderete (CCC). Y envió su apoyo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).

En las próximas semanas, según anticiparon, se desarrollarán una serie de charlas virtuales con militancias y dirigentes sociales, sindicales y políticos para profundizar el debate sobre cada uno de los ejes del plan y enriquecer la propuesta a partir de los aportes que fortalezcan la iniciativa en la búsqueda de ampliar la base de consensos alcanzada. La meta es lograr el mayor respaldo posible antes de llevarle el proyecto cerrado al Presidente.

En principio, los nuevos trabajadores estarán divididos en varias áreas como reciclado social (cartoneros, carreros, recicladores), costura (polos textiles y de corte), fomento productivo para fábricas recuperadas, comercio popular y trabajos en espacios públicos, comedores, guarderías y bachilleratos populares, entre otras.