Según publicó LA NACION, En un hecho sin precedentes, el dictamen fue pasado a la firma sin que la mayoría de los senadores que integran el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia conocieran su contenido.

Según pudo saber este diario, el texto del dictamen seguía siendo revisado por Cristina Kirchner mientras los senadores discutían el proyecto en el plenario de comisiones.

De hecho, la oposición no obtuvo respuesta cuando la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba) pidió tener acceso al texto impulsado por el Frente de Todos. “El despacho tiene que ser público, pero no hemos podido lograr ver el dictamen”, se quejó la senadora en diálogo con LA NACION.

Solo se conocieron algunos cambios que en una apretada síntesis adelantó la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun (Santa Fe), entre los que se destaca la marcha atrás con la fusión de los fueros civil y comercial y contencioso administrativo porteños.

En esa exposición inicial, la senadora oficialista reveló que el costo de la reforma ascenderá a los 1930 millones de pesos, según una estimación que le acercó el Ministerio de Justicia, que conduce Marcela Losardo.

Pero los ejes centrales y más cuestionados de la reforma, como la intención de licuar el poder de los jueces federales con asiento en Comodoro Py, se mantienen sin modificaciones.

Así, se avanzará con la creación de 23 nuevos juzgados federales en la Capital que, sumados a la fusión con el fuero penal económico porteño, llevará la cifra del nuevo fuero penal federal a 46 tribunales.

Tampoco se cambió de manera sustancial el sistema que se utilizará para cubrir los 23 nuevos juzgados hasta tanto se realicen los concursos para designar a los magistrados titulares.

A pesar de las fuertes objeciones sobre su constitucionalidad planteadas durante el debate del proyecto en comisiones, esos tribunales serán subrogados durante un año, prorrogable por seis meses, por jueces del fuero criminal nacional designados por el Consejo de la Magistratura a propuesta de la Cámara Nacional de Casación Criminal.

La intención del oficialismo de avanzar con la reforma mereció fuertes críticas de los senadores de Juntos por el cambio, cuya mesa nacional le había reclamado al presidente Alberto Fernández que retirara el proyecto por no contar con el consenso político necesario.

“Cuando se imponen reformas de prepo, terminan mal”, advirtió el jefe del principal bloque opositor, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien le recordó al oficialismo el fracaso de la denominada democratización de la Justicia impulsada por Cristina Kirchner en 2013.

Antes, la tucumana Silvia Elías de Pérez había denunciado que la reforma forma parte de lo que denominó “un combo enorme”, en el que incluyó la ofensiva del kirchnerismo para desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal, con el objetivo “intervenir la Justicia”.

“Esto no es un proyecto aislado. Este Senado se ha preocupado más por los problemas de ciertos dirigentes que de la gente”, sumó su queja Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires).

El oficialismo cerró filas y defendió la reforma en la mala imagen social que tiene el funcionamiento del Poder Judicial. “No creemos que con solo esta ley vamos a solucionar las grandes dificultades que tiene la Justicia federal, pero creemos que es paso muy importante”, afirmó Sacnun.

Por su parte, Martín Doñate (Río Negro) rechazó el argumento de la oposición acerca de que la reforma busca garantizar la impunidad de dirigentes del Frente de Todos.

“Esta conformación de una nueva estructura judicial en nada afecta el principio del juez natural, la totalidad de las causas en marcha quedan en los jueces que están”, destacó.

En el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber “afectado el debido proceso” para perseguir judicialmente a sus opositores y negó la existencia de un plan más amplio. “Ni la ampliación de la Corte ni la reforma del Consejo de la Magistratura tiene que ver con este proyecto”, sentenció.