A última hora y sorpresivamente, el senador oficialista Oscar Parrilli retiró del proyecto la polémica cláusula que instruía a los jueces a denunciar presiones de “poderes mediáticos”.

El gobierno de Alberto Fernández pretende con esta reforma restarles poder a los jueces con asiento en Comodoro Py, responsables de llevar adelante las principales causas de corrupción.

El debate se convirtió en un duelo entre el oficialismo y sus aliados, que cerraron filas en defensa de la iniciativa, y la oposición, que definió el proyecto como parte de un plan más amplio destinado a garantizarles impunidad a dirigentes kirchneristas, y cuestionó el costo presupuestario por la multiplicación de cargos judiciales.

El oficialismo se expone ahora a un escenario incierto en Diputados, donde le faltan votos para convertir en ley la reforma.

La mayor sorpresa ocurrió cerca de la medianoche cuando el senador oficialista Oscar Parrilli retiró la polémica enmienda que instruía a los jueces a denunciar presiones “de los poderes mediáticos”. “Como armaron una gran batahola con este tema, diciendo que violamos la libertad de prensa, para sacar los fantasmas voy a proponer una nueva redacción en la que sacamos la palabra mediáticos que tanto susto les daba”, dijo el senador, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El debate se convirtió en un duelo entre el oficialismo y sus aliados, que cerraron filas en defensa de la iniciativa, y la oposición, liderada por Juntos por el Cambio, que ubicó al proyecto como parte de un plan más amplio destinado a garantizarles impunidad a dirigentes kirchneristas y cuestionó el costo presupuestario por la reproducción de cargos judiciales en el interior del país.

El corazón del proyecto es la multiplicación de juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires a partir de la fusión de los 12 tribunales del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico. Esta cifra se verá duplicada con la creación de 23 nuevos tribunales, elevando así a 46 juzgados el fuero federal porteño.

Las causas que se inicien una vez sancionada esta reforma recaerán en los flamantes tribunales, que serán ocupados por jueces subrogantes por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, hasta que se realicen los concursos para elegir a sus titulares.

En línea con el discurso de Cristina Kirchner, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-santa Fe), defendió la iniciativa y consideró que durante el gobierno de Mauricio Macri existió una “mesa judicial” que se encargó de llevar adelante un “lawfare” (guerra judicial) contra dirigentes de la oposición. Anticipándose a las críticas opositoras sobre la supuesta búsqueda de impunidad del kirchnerismo, Sacnun se preocupó por destacar que “ninguna causa va a ser sacada de los jueces naturales”, tras lo cual pasó al ataque contra los senadores de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), aseguró que el proyecto “es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar sobre la Justicia Federal” con el objetivo de buscar “un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado

gobierno”. Rodríguez Machado también cuestionó lo que denominó “el festival de cargos” judiciales en el interior del país. Aseguró que de los 279 puestos nuevos previstos en el proyecto original se pasó a los más de 900 que quedaron plasmados en el dictamen por la creación de juzgados, cámaras y tribunales orales federales en el interior del país.