Según publicó el diario Clarín, los “espías” de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, no podrán realizar escuchas ni tareas de investigación a pedido de los jueces. No podrán, tampoco, participar de operativos represivos ni cumplir tareas políticas.

A partir del viernes, la AFI -el nombre que en 2015 se dio a la histórica y temible SIDE- solo podrá investigar sobre temas de terrorismo y acciones que pongan en riesgo el “orden constitucional”. “No más inteligencia interna”, dicen desde el Gobierno.

Esa triple prohibición figura en un DNU -decreto de Necesidad y Urgencia- que Alberto Fernández firmó  y  publicó en el Boletín Oficial, junto a otro texto, un decreto común que “desclasifica” la información que la ex SIDE sobre la causa AMIA.

Hay un hilo entre los dos decretos: se podrá acceder libremente a un “galpón” de información sobre el atentado a la AMIA y, en paralelo, la AFI se enfocará a investigar cuestiones como el terrorismo.

De ese modo, el Gobierno cristaliza un anuncio que Fernández hizo en su discurso ante el Congreso el último domingo y avanza en una dirección que fijó desde que era candidato: “intervenir” la AFI y romper, según el relato oficial, el “vínculo espurio” entre los espías y sectores de la Justicia.

“Permitió la promiscuidad entre la Justicia y la AFI, el armado de causas y las pre causas”, explicaron a Clarín fuentes del Gobierno en referencia a un supuesto modus operandi: agentes que habrían “investigado” a personas sin orden judicial para buscar elementos que luego elevaban a un juez para que inicie un expediente.

A través del DNU 52, firmado  por el Presidente, se modifica el artículo 4º de la Ley Nº 25.520 y se elimina la posibilidad de que los jueces puedan pedir a la AFI que colaboren con una investigación judicial convencional.

“No corresponde que hagan esas tareas. Ninguna agencia de inteligencia del mundo se pone a investigar, por orden de un juez, delitos comunes”, explican en Casa Rosada sobre la decisión que tomó la interventora de la AFI; Cristina Camaño, a pedido de Fernández.

La desclasificación del material que la AFI tiene “en custodia” referido a la causa AMIA, aunque está en poder de la UFI AMIA, se ejecutó porque hubo un pedido de familiares de víctimas que integran Memoria Activa.

Camaño se lo trasmitió a Fernández y el Presidente dio el OK. En concreto, refiere a una “enorme cantidad de información”, que va de tareas de inteligencia y testimonios realizados desde el atentado en adelante, y vinculado a dos grandes causas: la del atentado, luego anulada por la Corte, y a la llamada “encubrimiento 1”.

No involucra, de todos modos, a la del “encubrimiento 2”, es decir a la que investigó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

El resto de la información -que está en un “galpón” donde según la intervención estaba en malas condiciones edilicias y de seguridad- podrá ser, a partir del decreto que se publica este jueves, de acceso público. Ya no era material volcado en las causas: ahora incluirá a todo el material disponible, además de testimonios brindados por agentes y espías.

En paralelo, la AFI avanza con un proceso de reforma y “blanqueo” de los fondos. Según explican en el Gobierno, a 80 días de iniciada la intervención, el organismo ya redujo a solo el 10% los gastos reservados.

Hubo, además, una reducción de los gastos de la AFI. De acuerdo a un detalle oficial, se redujo de casi 250 millones de pesos mensuales en noviembre de 2019 a menos de 130 millones de pesos en enero último.

Camaño inició una investigación interna para determinar el destino de esos fondos.