El juez Daniel Rafecas lo procesó por negociaciones incompatibles junto a Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto FolgarBatista, en la causa conocida como «Skanska II», donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña, según consignó el diario Clarín.
El magistrado determinó en su resolución que los ex funcionarios del área de Energía, en calidad de coautores, junto a De Vido, “realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”.
En cambio, fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial.
El presupuesto de la obra bajo investigación por diversas irregularidades, fue de más de 2.347 millones de dólares. Se calcula que los sobreprecios podrían haber superado, tal como publicó Clarín, los 800 millones de dólares.
El proceso licitario que llevó al menos dos años y más de 72 actuaciones administrativas, arrojó diversas irregularidades que condujeron al juez Rafecas a citar a declarar a De Vido y otros ex funcionarios vinculados al contrato.
Para realizar el proyecto se creó un Fondo Fiduciario en el marco del extinto ministerio de Planificación Federal. Durante todo el proceso «se habría defraudado a la administración pública» y los funcionarios responsables de la obra, tal como señaló el fiscal Federico Delgado al pedir el llamado a indagatorias, «incumplieron con sus deberes ejecutando negociaciones incompatibles con sus funciones».
El juez Rafecas observó la existencia de una «posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos».
Así, se desprende del análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos que fueron parte del proceso licitatorio que inició el 6 de julio de 2005 por parte de ENARGAS .
Entonces la obra tenía una valor de U$S 1.427 millones. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el costo ya era superior a los U$S 2.347 millones.
Durante la instrucción se dio por probada la “existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en dirección al involucramiento ilegal de
Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht”, resalta el escrito de Rafecas al que accedió Clarín.
La obra se gestó en el ministerio de Planificación Federal. La ex Secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron fue responsable de organizar cada instancia de la obra sin embargo, ENARGAS intervino en la decisión en la fijación de los costos y los valores finales que objetaron la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
