Según publicó el diario Clarín, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, al apelar la decisión del juez Claudio Bonadio de procesarlo sin prisión preventiva, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga la trama de corrupción durante el kirchnerismo. La medida alcanza también al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina.
Bonadio había procesado al empresario como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.
Según el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.
En la misma investigación, conocida como la de los cuadernos de las coimas, Bonadio le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa, compañía que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
En su resolución, el magistrado también decidió procesar a Juan Manuel Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan, Rubén Aranda, entre otros, y amplió el procesamiento contra Julio De Vido por la admisión de dádivas, contra Roberto Baratta por el mismo delito y el de otros integrantes de la asociación ilícita como Nelson Lazarte, Hernán del Río, Hernán Gómez.
Pero los fiscales de la causa, Rívolo y Stornelli, apelaron la medida, considerando que los procesados deben quedar detenidos al igual de los demás acusados en este expediente.
El CEO de Techint tuvo que declarar por primera vez como imputado en una causa de corrupción, que devino en su primer procesamiento en la justicia federal. La sede de la firma figuraba como uno de los puntos de encuentro para el pago de sobornos que registró el entonces chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
Para Bonadio, se pudo determinar «la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades» del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, quienes «diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos».
Para que esta maniobra se concretara, indicó el magistrado, fue necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado. «La recaudación funcionaba en el ámbito del citado ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y transporte», cada una con una «forma establecida y personas encargadas» para el cobro de las coimas.
En la extensa resolución, el juez Bonadio recordó que entre las empresas que pagaban los sobornos se encontraban dos directivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales a Roberto Baratta.
La citación a indagatoria de Rocca se originó después de que se incorporara nueva documentación al expediente, en el que la empresa se encuentra referenciada en las anotaciones Centeno; en la declaración como «arrepentido» del ex directivo de la compañía Zabaleta; y en la indagatoria de Betnaza, actual integrante de Techint, quien admitió pagos por al menos US$200.000 a ex funcionarios kirchneristas.
