Aunque no hubo un respaldo explícito al tratado político que firmaron ambos bloques, en el Gobierno quedaron conformes con las respuestas que obtuvieron en el encuentro que lideró el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en el marco de la comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo, y en la que participaron la CGT, las dos CTA y empresarios.
«El acuerdo es importante porque empieza a marcarnos un rumbo. Es fundamental para la inserción de nuestro país al mundo, equilibrado en cuanto a las demandas y las concesiones que tenían las partes, y tiene impacto federal porque abre un mercado con potencial para las economías regionales», dijo ayer Sica.
Además de pedir detalles del acuerdo y las posibles ventajas y desventajas, una de las preocupaciones más visibles de los sindicatos es la reforma laboral que el Gobierno buscará aprobar en caso de que Mauricio Macri sea reelegido. De esto no se habló, pero cerca del Presidente lo consideran una prioridad, al igual que las reformas previsional y fiscal.
Las reacciones no fueron todas iguales. Mientras que los representantes de la central obrera, Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y Roberto Fernández (UTA), entre otros, mostraron una actitud dialoguista, Horacio Meguira y Ricardo Peidro, de la CTA Autónoma, rechazaron el acuerdo.
Martínez, por ejemplo, describió al acuerdo como «casi una política de Estado», ya que se trató del resultado de una negociación que llevó más de 20 años. Según confiaron fuentes cercanas al ministro Sica, «ahora la pelota quedó en manos de los gremios». Desde el Gobierno buscarán avanzar con las reuniones con cada sindicato durante este mes.
El encuentro sirvió también como antesala del cónclave que mantendrá el Presidente con casi 40 cámaras empresariales. Es que estuvieron, por ejemplo, Miguel Acevedo (UIA), Julio Cordero (UIA), Pedro Cascales (CAME), Jaime Campos (AEA), Alejandro Pérez (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Abel Guerrieri (SRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro) y Mario Griman (CAC), entre otros.
Los empresarios están preocupados, pero no invalidan una relación comercial con la Unión Europea y la prefieren a un acuerdo de similares características con Asia.
«Lo que hemos planteado es que vamos a tener diez años para poder adecuarnos a las condiciones de competitividad de la UE. Eso sí, el Gobierno no nos puede mandar a competir con las mismas tasas de interés, mendigando plata o con una inflación del 50%», explicó uno de los hombres de negocios presente.
Si bien no se trató en el Ministerio de Trabajo, en la CGT se discute la creación de un «fórum laboral», en el que participen los gremios y las cámaras empresarias para hacer un seguimiento permanente en la evolución de destrucción, reconversión y creación de empleo de calidad.
Entre los gremios circula un paper con una breve síntesis de lo que implicaría el acuerdo entre los bloques. Allí se distinguen algunos puntos que anticipan un conflicto, como los coletazos que podría tener en la industria automotriz. «Se espera un desplazamiento de las terminales a Brasil y una entrada de importaciones europeas del sector automotriz, afectará directamente al sector de autopartes. Este es el punto por el cual muchos sugieren que estamos frente a un industricidio», señala el documento elaborado por la secretaría de relaciones internacionales de la CGT. Además, en el documento se pide a los actores evitar una «desocupación masiva» de pueblos donde un sector industrial sea movilizador de toda la economía.
«Ahora se debe debatir en el Parlamento el acuerdo con sus detalles y cláusulas, que hoy desconocemos porque el Gobierno y el propio Mercosur negaron nuestra participación en las negociaciones. La UE, en cambio, siempre dio participación a la confederación sindical europea», planteó un jerárquico de la CGT.
