Según publicó el diario Clarín, los «espías» de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, no podrán realizar escuchas ni tareas de investigación a pedido de los jueces. No podrán, tampoco, participar de operativos represivos ni cumplir tareas políticas.
A partir del viernes, la AFI -el nombre que en 2015 se dio a la histórica y temible SIDE- solo podrá investigar sobre temas de terrorismo y acciones que pongan en riesgo el «orden constitucional». «No más inteligencia interna», dicen desde el Gobierno.
Esa triple prohibición figura en un DNU -decreto de Necesidad y Urgencia- que Alberto Fernández firmó y publicó en el Boletín Oficial, junto a otro texto, un decreto común que «desclasifica» la información que la ex SIDE sobre la causa AMIA.
Hay un hilo entre los dos decretos: se podrá acceder libremente a un «galpón» de información sobre el atentado a la AMIA y, en paralelo, la AFI se enfocará a investigar cuestiones como el terrorismo.
De ese modo, el Gobierno cristaliza un anuncio que Fernández hizo en su discurso ante el Congreso el último domingo y avanza en una dirección que fijó desde que era candidato: «intervenir» la AFI y romper, según el relato oficial, el «vínculo espurio» entre los espías y sectores de la Justicia.
«Permitió la promiscuidad entre la Justicia y la AFI, el armado de causas y las pre causas», explicaron a Clarín fuentes del Gobierno en referencia a un supuesto modus operandi: agentes que habrían «investigado» a personas sin orden judicial para buscar elementos que luego elevaban a un juez para que inicie un expediente.
A través del DNU 52, firmado por el Presidente, se modifica el artículo 4º de la Ley Nº 25.520 y se elimina la posibilidad de que los jueces puedan pedir a la AFI que colaboren con una investigación judicial convencional.
«No corresponde que hagan esas tareas. Ninguna agencia de inteligencia del mundo se pone a investigar, por orden de un juez, delitos comunes», explican en Casa Rosada sobre la decisión que tomó la interventora de la AFI; Cristina Camaño, a pedido de Fernández.
La desclasificación del material que la AFI tiene «en custodia» referido a la causa AMIA, aunque está en poder de la UFI AMIA, se ejecutó porque hubo un pedido de familiares de víctimas que integran Memoria Activa.
Camaño se lo trasmitió a Fernández y el Presidente dio el OK. En concreto, refiere a una «enorme cantidad de información», que va de tareas de inteligencia y testimonios realizados desde el atentado en adelante, y vinculado a dos grandes causas: la del atentado, luego anulada por la Corte, y a la llamada «encubrimiento 1».
No involucra, de todos modos, a la del «encubrimiento 2», es decir a la que investigó el fallecido fiscal Alberto Nisman.
El resto de la información -que está en un «galpón» donde según la intervención estaba en malas condiciones edilicias y de seguridad- podrá ser, a partir del decreto que se publica este jueves, de acceso público. Ya no era material volcado en las causas: ahora incluirá a todo el material disponible, además de testimonios brindados por agentes y espías.
En paralelo, la AFI avanza con un proceso de reforma y «blanqueo» de los fondos. Según explican en el Gobierno, a 80 días de iniciada la intervención, el organismo ya redujo a solo el 10% los gastos reservados.
Hubo, además, una reducción de los gastos de la AFI. De acuerdo a un detalle oficial, se redujo de casi 250 millones de pesos mensuales en noviembre de 2019 a menos de 130 millones de pesos en enero último.
Camaño inició una investigación interna para determinar el destino de esos fondos.
