Javier Milei se refirió hoy a la reunión que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos luego de la votación en Diputados donde el PRO votó a favor de rechazar el DNU que aumentó el presupuesto de la SIDE.

“Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina”, planteó.

“Están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar”, sostuvo en diálogo con LN+. A su vez, calificó de “grave” la designación de Martín Lousteau, a quien tildó de kirchnerista, en la Bicameral de Inteligencia. “En esa comisión están (Oscar) Parrilli y (Leopoldo) Moreau, que son parte del memorándum con Irán, por lo tanto, es de una gravedad institucional enorme”, recordó.

“Si llegara a tener lugar algún atentado terrorista, es absoluta y total responsabilidad de estos irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia“, recalcó.

Javier Milei anunció que vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso: “Es una estafa moral”. Y completó: “Que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas, va a ser toda responsabilidad de la casta política. Bueno, algunos han pactado con los terroristas, por ahí quieren que alguien se ensucie las manos por ellos para eliminar gente que no les gusta, llámese yo”.

El rechazo parlamentario al DNU que aumentó los fondos reservados destinados al funcionamiento de la SIDE tuvo 156 votos a favor, 52 negativos y 6 abstenciones. Como ejemplo de una relación oscilante entre Milei y Macri, el PRO dio quórum y votó en contra de la medida impulsada por el gobierno nacional.

Es más, el PRO argumentó en las redes sociales su postura con relación al debate: “Desde el inicio de esta gestión apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que “no hay plata”, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”.

Por otro lado, Milei aseguró hoy que el kirchnerismo quiere “romper al Gobierno”, ratificó que el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, que aprobó ayer el Senado, será “total”, y sostuvo que el Estado no tiene presupuesto para financiar esta modificación en caso de que el Congreso revierta la medida presidencial.

“Esto se paga con pobreza y menos crecimiento; que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos, a quién quieren que le arruinemos la vida”, planteó el mandatario. “Quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más”, agregó en declaraciones a LN+.

También recordó cuando Cristina Kirchner vetó en 2010, cuando era presidenta, la ley que había sido aprobada por el Congreso y que establecía una jubilación mínima que representara el 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos. “Han dado argumentos en contra de este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno, no tengo dudas de que quieren romper”, aseguró.

En otro pasaje del reportaje, Milei sostuvo que la nueva ley de movilidad jubilatoria “implica 24 puntos del PBI”, algo que representa “toda la deuda externa que tiene la Argentina”. “Están condenando a los argentinos de cara al futuro”, señaló.

Ayer, luego la sesión en el Senado y tal lo cual había anticipado el vocero presencial, Manuel Adorni, Milei reunió a su equipo económico y anunció el veto a través de un comunicado oficial. “Es una estafa moral”, alegó. En el texto difundido, además, se consideró que la ley tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno.

“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, se expresó.

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del IPC (Índice de Precios al Consumidor), como el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra, o “empalme”, del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica, que se efectiviza después del pago de los haberes, no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

Frente a esto, desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.