El Gobierno todavía tiene en un cajón la profunda reforma que hará efectiva sobre la RTO (Revisión Técnica Obligatoria), también conocida como VTV ( Verificación Técnica Vehicular), aunque hasta hace algunas semanas parecía que su anuncio sería inminente.
Las razones del retraso en la puesta en funcionamiento de la “Nueva VTV” probablemente tengan que ver con la profundidad del cambio en sí mismo. En esencia, el proyecto que impulsa el Gobierno está basado en dos ejes: el de habilitar nuevas dependencias en talleres particulares y a los concesionarios oficiales; y comenzar a generar un ecosistema digital que contenga toda la gestión de las verificaciones.
Hacerlo no es sencillo porque se deben reglamentar cuestiones como la capacitación de los profesionales que inspeccionen los vehículos y el tipo de equipamiento técnico requerido en sus dependencias particulares. También se debe crear el sistema que registre todas las VTV y RTO, conectado entre todos los centros del país, de modo de poder registrar las unidades que hayan sido verificadas y de ese modo se pueda ir eliminando gradualmente la molesta calcomanía que hoy se pega en el parabrisas de los vehículos.
Pero más allá de las formas, lo verdaderamente importante es cambiar la percepción de los usuarios. Hoy, las verificaciones técnicas de los autos y motos en Argentina están mal vistas, se consideran como un trámite y un costo que cumple cada vez menos con su función esencial relacionada con la Seguridad Vial y cada vez más con un mecanismo recaudatorio para los gobiernos municipales y provinciales.
“La reforma de la VTV sólo será efectiva si los controles se hacen realmente completos y bien, con máquinas calibradas y actualizadas, con el rigor necesario para que un vehículo inspeccionado sea seguro en la vía pública, y tenga alcance nacional real. Mientras eso no suceda, aunque mejore la calidad de las inspecciones, si no adhieren los municipios y las provincias, será sólo una campaña política para mostrar quiénes no quieren cambiar las cosas, que una mejora en la Seguridad Vial y en los costos para los usuarios”, señaló Fabián Pons, especialista en Seguridad Vial, del OVILAM (Observatorio Vial Latinoamericano).
En busca de generar ese cambio, y más allá de la autonomía de las provincias que hoy limitará el impacto de la nueva reglamentación sólo a las jurisdicciones que lo adhieran, el proyecto del Gobierno cambia las fechas de inspección respecto a las que rigen actualmente.
Para los autos 0 km, la primera VTV se hará al cumplirse cinco años desde la inscripción inicial y patentamiento. Luego, entre los 5 y los 10 años de antigüedad, se deberá hacer una verificación cada 24 meses, y tras cumplirse los 10 años, cada vehículo deberá concurrir a inspección todos los años.
En el caso de los vehículos de uso comercial, el primer control técnico deberá hacerse de acuerdo a lo que establezca cada jurisdicción, pero nunca ese plazo podrá ser superior a un año.
No todos están de acuerdo con la reforma que quiere hacer el Gobierno. Desde el ISEV (Instituto de Seguridad y Educación Vial) creen que hay un error conceptual en la desregulación de los centros de control, porque se rompería la independencia de criterios al habilitar que las concesionarias y talleres controlen lo que venden o reparan.
Según Eduardo Bertotti, director de ISEV, “si las concesionarias de vehículos o talleres mecánicos controlan las anomalías vehiculares y, además, forman parte de la cadena de comercialización y reparación, podría generarse un incentivo que puede afectar la objetividad y la veracidad del control. Al implementarse este sistema, quedaría en evidencia el doble papel de juez y parte en un mismo protagonista”.
Fuentes oficiales aseguraron que las plantas actuales de VTV seguirán existiendo y los usuarios podrán ir a verificar sus vehículos en un taller o un concesionario, o seguir haciéndolo en las mismas dependencias que se hace hoy en día.
Lo que se hará es habilitar nuevos lugares, con certificaciones técnicas tanto a nivel humano como de equipamiento, y con precios abiertos para que exista mayor competencia en servicio y costo.
