Este dato es significativo, ya que refleja la mayor caída semestral desde que se reanudó el relevamiento en 2023, devolviendo el indicador a su promedio histórico registrado entre 2004 y 2011, época en la que se realizó la primera fase del estudio.
La reducción en la confianza está vinculada tanto a una percepción negativa sobre el funcionamiento del sistema judicial como a una menor disposición de los ciudadanos a recurrir a él para la resolución de conflictos. El subíndice conductual descendió hasta 70,8 puntos, mientras que el perceptual cayó a 26,5 puntos.
El informe destaca que el retroceso en el componente conductual se concentró principalmente en conflictos familiares y delitos. En casos de separación de bienes, el 23% de los encuestados indicó que no acudiría a la Justicia, la cifra más alta de toda la serie. Además, el porcentaje de aquellos que afirmaron que no denunciarían el robo de un objeto de valor casi se duplicó, pasando del 8% al 15%.
Por otro lado, la disposición a acudir a los tribunales se mostró relativamente estable en cuestiones patrimoniales y laborales, con cerca de tres de cada cuatro encuestados manifestando que seguirían utilizando las vías judiciales.
La percepción de la calidad institucional mostró un deterioro significativo en cuatro atributos evaluados: imparcialidad, eficiencia, honestidad y capacidad de control sobre los poderes político y económico. Este último aspecto continúa siendo el peor valorado, con solo el 10% de los encuestados considerando confiable la capacidad de la Justicia para controlar esos poderes, mientras que el 89% opina negativamente.
Entre los hallazgos relevantes del estudio se señala el aumento de las menciones a experiencias negativas previas como razón para no recurrir a la Justicia; esta respuesta aumentó del 11% en noviembre de 2025 al 24% en mayo de 2026, más que duplicándose en seis meses.
Sin embargo, los investigadores advierten que este fenómeno no puede explicarse únicamente por experiencias personales directas, ya que la proporción de personas que participó en un procedimiento judicial en los últimos tres años aumentó apenas del 16% al 18%. Creen que la percepción está influenciada por sentencias y casos mediáticos que los ciudadanos interpretan como ejemplos de mal funcionamiento del sistema.
La encuesta también abordó los cambios que podrían mejorar la confianza en la Justicia. La principal sugerencia fue la reducción de la influencia política y económica, mencionada por el 40% de los consultados. Le siguieron demandas de mayor transparencia en los procesos judiciales (38%), mejor capacitación de los jueces (37%) y reducción de los plazos de los juicios (34%).
Pese al deterioro general, el estudio detectó que quienes tuvieron contacto directo con la Justicia mostraron niveles de confianza superiores al promedio, alcanzando un ICJ de 50,9 puntos entre quienes participaron en algún procedimiento judicial. No obstante, los autores puntualizan que este contacto aumenta la disposición a usar el sistema, aunque no necesariamente mejora la imagen de él.
«La ciudadanía no pide reformas abstractas, sino mejoras concretas», concluye el informe. La brecha entre el uso de la Justicia y la confianza que genera se amplió nuevamente, representando un desafío importante para uno de los poderes del Estado con menor valoración pública.
La muestra de la encuesta incluyó personas de 18 años o más, residentes en centros urbanos con más de 10.000 habitantes, y se realizó mediante llamadas telefónicas. La muestra fue probabilística, polietápica y estratificada, con un total de 1.000 casos, lo que presenta un margen de error del 3,10% a un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 4 y el 19 de mayo de 2026.
