El régimen fue oficializado mediante la Resolución General 5875/2026 y se publicó en el Boletín Oficial. Este permite la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social que hayan vencido hasta el 30 de junio de 2026. Los interesados tienen plazo para adherirse hasta el 30 de octubre de este año.
La implementación de esta medida se produce en un contexto de importantes dificultades financieras para las MiPyMEs. A pesar de la necesidad de un plan de pagos accesible que contribuya a regularizar la situación tributaria y evite juicios de ejecución fiscal y embargos, algunas condiciones plantean que no sería un verdadero «alivio financiero».
“El pago a cuenta, la escasa cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiación —igual a la tasa de intereses resarcitorios— pueden generar que determinados contribuyentes no puedan adherirse”, afirmó el CEO de SDC Asesores Tributarios.
Las micro y pequeñas empresas podrán acceder hasta a 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social, con un pago a cuenta del 5%. Las medianas empresas (Tramos 1 y 2), por su parte, podrán contar con hasta 15 cuotas para obligaciones generales y un pago a cuenta del 10%.
En ambos casos, la tasa de financiación mensual es del 2,75%, superior al 1,9% de inflación registrado en junio. Además, se establece un monto mínimo tanto para el pago a cuenta como para cada cuota, fijado en $ 50.000. Las cuotas de planes de facilidades de pago que ya se encuentren vigentes quedan excluidas de este nuevo régimen.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a pequeñas y medianas empresas, han señalado que el plan “es muy escaso y realmente no alivia la situación de muchas MiPyMEs”.
Argumentaron que su opinión se basa en el alto costo financiero del régimen, que tiene la misma tasa que los intereses resarcitorios, el pago a cuenta difícil de afrontar para muchas pymes y la insuficiencia de 18 cuotas para solucionar los problemas en curso. “No estamos de acuerdo y seguramente vamos a reclamar para ver si se puede modificar”, aseguraron.
Cabe recordar que CAME había presentado una propuesta a raíz del contexto de caída del consumo y las serias limitaciones de liquidez que enfrenta el sector. Solicitaron que se consideren las obligaciones vencidas hasta el 30 de abril de 2026, las que corresponden a planes de pago caducos y una tasa de financiación más accesible.
La Federación Argentina de Profesionales de las Ciencias Económicas (FAPCE) también ha pedido a ARCA la creación de un régimen de facilidades de pago exclusivo para las MiPyMEs, sugiriendo un mayor número de cuotas, requisitos de acceso simplificados y tasas de financiación reducidas.
Por lo tanto, diversos especialistas han coincidido en que las condiciones de este nuevo plan no representan un alivio eficiente para el sector. “Te están dando plazo para asumir y pagar la deuda completa, con los intereses devengados al momento de la consolidación, y a partir de allí, una tasa mensual del 2,75%. Considero que es absolutamente insuficiente. No hay condonación de multas ni de intereses”, subrayó el CEO de MR Consultores.
Este especialista agregó que las pymes requieren “una bocanada de aire” para enfrentar la pesada carga que acarrea la actual situación económica. “El pago a cuenta, el corto plazo para la caducidad, y la imposibilidad de regularizar planes de pago vigentes, no resuelven el problema fundacional”, enfatizó.
Asimismo, el contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti evaluó que el nuevo plan de pagos resulta insuficiente y explicó que ARCA ha decidido mantener una tasa de financiación mensual alta. “Desde hace años, el fisco intenta que el cumplimiento de las obligaciones no se vuelva un auxilio financiero, evitando así un endeudamiento excesivo. Por eso no desean reducir demasiado la tasa”.
Algunos contribuyentes enfrentan la opción de no abonar los impuestos o adherirse a un plan de facilidades para acceder a una financiación más económica que la ofrecida en el mercado.
Sin embargo, la inclusión de una tasa de financiación del 2,75% mensual plantea un costo financiero en aumento para las empresas a medida que avanza el proceso de desinflación.
Para aquellos que consideren adherirse al régimen, es recomendable analizar cada deuda por separado, verificar que el Certificado MiPyME esté vigente y garantizar la capacidad de pago de las cuotas a fin de evitar la caducidad del plan.
