La operación, que tenía un precio base de 45 millones de dólares, fracasó ya que ninguna de las cinco compañías que habían mostrado interés cumplió con la presentación de la documentación necesaria ni acreditó las condiciones económicas y técnicas requeridas para adquirir la empresa.
“Corresponde en esta instancia aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base N° 504/2-0002-LPU26 y declarar desierto el procedimiento, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas ‘ad hoc’ en su dictamen”, señala la resolución del Ministerio de Economía.
En 2024, el Gobierno llevó a cabo la desregulación del sector aerocomercial, lo que permitió la llegada de nuevos operadores de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país. Actualmente, hay 13 empresas habilitadas, de las cuales solo cuatro están en funcionamiento.
Con anterioridad, Intercargo ostentaba el monopolio de los servicios de rampa en el país, y las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus servicios en 21 aeropuertos.
Los constantes conflictos gremiales y las medidas de fuerza por parte de los trabajadores de la empresa impactaron negativamente en diversas ocasiones en el funcionamiento aeroportuario. Este escenario fue uno de los justificaciones esgrimidas por el Gobierno para abrir el mercado y avanzar en la privatización de la firma.
Desde 2020 hasta 2023, la empresa estatal requirió asistencia del Estado por alrededor de 6.700 millones de pesos para asegurar operaciones y mantener estándares de calidad. Desde finales de 2024, el Ejecutivo cesó las subvenciones, llevó a cabo la desregulación del servicio y comenzó un proceso de apertura a la participación privada.
A finales de marzo, el Gobierno autorizó el inicio de la licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones de Intercargo.
La privatización planteaba la venta total de las acciones de la empresa, la eliminación de la participación estatal y la continuidad operativa de Intercargo, asegurando la vigencia de sus contratos, licencias y el funcionamiento en los aeropuertos donde opera. La compañía contaba con un activo corriente valuado en 55 millones de dólares.
La apertura de sobres, que se había postergado en dos ocasiones, se llevó a cabo el 25 de junio, pero no se presentaron ofertas válidas a través de la plataforma.
Con la licitación declarada desierta, el Gobierno deberá determinar los próximos pasos a seguir. Según el régimen de contrataciones del Estado, puede optar por convocar a un nuevo proceso con modificaciones en los pliegos, realizar una contratación directa o abandonar definitivamente el proceso.
