La forma más sencilla de gravar la producción agrícola es a través de los derechos de exportación (DEX). Ante la necesidad urgente de recursos, cada ministro de Economía tiende a enfocarse en el sector agrícola, que es el menos capaz de escapar de la presión fiscal. De este modo, las retenciones se convierten en una solución recurrente, replicada ante cada crisis económica, transformándose en un problema estructural asociado a la noción de “emergencia”.
Por contraste, existen sectores como el financiero que enfrentan una carga impositiva mucho menor en comparación con la agrícola. La protección del capital financiero se basa en la capacidad de evasión, a diferencia de ciertos actores económicos que temen desplazar su inversión al exterior debido a la fragilidad de la economía nacional.
En este sentido, los inversores que llegan al país en busca de oportunidades en minería o hidrocarburos negocian condiciones favorables. Los Regímenes de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) son un claro ejemplo de ello, ofreciendo facilidades que excluyen las restricciones que afectan a otros sectores. Esto evidencia la asimetría que impera en el sistema: quienes pueden negociar gozan de regímenes especiales, mientras que el sector agrícola, a menudo vulnerado por emergencias que no le pertenecen, se ve obligado a aceptar el peso de las decisiones ajenas.
A pesar de celebraciones en torno a la actual cosecha de soja, es importante señalar que el volumen total no alcanzará el récord de 2010, año en que la selección nacional estaba dirigida por Diego Maradona. Este estancamiento en la producción es evidente, y aunque las condiciones climáticas han favorecido la campaña, la inestabilidad institucional afecta las expectativas de inversión.
Sin un cambio real en las expectativas y un marco estable de inversión que elimine o reduzca los DEX, es difícil imaginar un futuro productivo sostenible. Una reducción drástica de estos impuestos podría atraer inversión al sector agropecuario, lo que contrarrestaría la actual renuencia del Ejecutivo a tomar decisiones definitivas.
Es evidente que la relación entre insumos y productos, especialmente en lo que respecta a fertilizantes, presenta desafíos, más aún en un contexto donde Argentina no puede acceder a los precios internacionales. Un marco legislativo que contemple la eliminación de los DEX podría ser la solución ante la falta de compromiso por parte del Ejecutivo, que parece optar por medidas temporales y respuestas reactivo-incidentes. En última instancia, el conocimiento de que la producción de granos es la variable de ajuste afecta las expectativas de inversión. La meta de alcanzar 200 millones de toneladas es factible con este cambio, y los 300 millones que anhela el Presidente no son inalcanzables, pero el esquema vigente de reducciones parciales de los DEX dificulta un cambio de expectativas que permita iniciar este camino.
