Estas conclusiones surgen de un reciente análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que examina los cambios y la evolución de la carga impositiva en Argentina desde el inicio del gobierno libertario.
El informe señala que la caída de recursos más significativa desde la llegada de la nueva administración a la Casa Rosada en diciembre de 2023 se debe a la expiración del Impuesto PAIS, que terminó por ley en diciembre de 2024. Durante su primer año de gestión, el gobierno aumentó este gravamen en 0,3 puntos del PBI. Posteriormente, durante 2025 y 2026, renunció a 1,10 puntos del producto cada año, resultando en una disminución total de 1,9 puntos.
Este impuesto tenía un impacto amplio, afectando a todos los segmentos de la sociedad, ya que se aplicaba sobre las transacciones en dólares, ya fueran destinadas a salir del país, atesorar (con limitaciones), importar o pagar servicios en el exterior, como plataformas de streaming. Sin embargo, respecto al consumo interno de bienes como alimentos y materiales de construcción, el efecto era indirecto, ya que recaía en los costos de las empresas que utilizaban insumos importados.
En total, el 43% de la reducción de recursos fiscales provenientes del Impuesto PAIS se debe a la decisión gubernamental de no prorrogarlo. Este impuesto fue visto como altamente distorsivo, creado durante la gestión de Alberto Fernández para desalentar la compra de dólares, mientras se mantenía un control estricto del mercado cambiario.
El tributo que más ha aumentado, en términos de proporción del PBI, es el que grava la transferencia de combustibles. Este impuesto generó una polémica reciente porque, aunque sigue recaudando, se destina específicamente al mantenimiento de las rutas, un aspecto que, según denunciaron legisladores de la oposición, no se estaría ejecutando. Su recaudación creció en 0,83% del PBI, ajuste que se realiza de acuerdo a la inflación. Durante la administración de Alberto Fernández, los ajustes se postergaron para evitar contribuir al proceso inflacionario.
El siguiente impuesto que ha incrementado es el de Ganancias, que presenta reestructuraciones internas, dado que el gobierno actual restableció el tributo para los salarios más altos. Se estima que alrededor de 800.000 personas que habían dejado de tributarlo tras la reforma de Alberto Fernández fueron reincorporadas. No obstante, este año se aprobó una reducción de las alícuotas para empresas: del 30% bajó a 27% y del 35% a 31,5%. En total, se proyecta que el incremento en la recaudación de este impuesto será de 0,54 puntos, atribuible mayormente a los aportes de los asalariados.
El tercer impuesto que ha aumentado en este período es el monotributo, algo esperado, dado que las contribuciones de los contribuyentes en este régimen simplificado eran muy bajas previamente. En 2025, su recaudación creció 0,07% y en 2026 otro 0,07%, acumulando un total de 0,14 puntos.
Sin embargo, los cambios introducidos en Ganancias y Combustibles no logran compensar la pérdida de recursos ocasionada por el final del Impuesto PAIS y las reducciones en Retenciones y Bienes Personales.
Entre los tributos que han visto caer su recaudación, el Impuesto PAIS representa el 43% de la disminución, seguido por derechos de exportación y Bienes Personales con un 19% y un 18%, respectivamente, y el IVA, que representa el 11% entre los más significativos.
En este sentido, según el estudio, en tres años el gobierno ha renunciado a recursos por parte del Impuesto PAIS por 1,9 puntos; de Bienes Personales, 0,78 puntos; de retenciones, 0,87 puntos; de aranceles de importación, 0,1 puntos; del impuesto a las transferencias de combustibles, 0,03 puntos; de internos coparticipados, 0,24 puntos; y del IVA, 0,5%, relacionado esto último con la suspensión de certificados de exclusión aduaneros, manteniéndose la alícuota en el 21%.
