Dentro de la imagen, la embajada estadounidense se refiere a dos artículos de la legislación china que obligan a las compañías a colaborar con las agencias de inteligencia y seguridad del país asiático. Esta tensión comenzó a aumentar a principios de agosto, cuando se descubrieron mensajes de WhatsApp en los que un funcionario de la embajada solicitaba a un gerente de CALF, una distribuidora eléctrica en la Patagonia, que abandonara las negociaciones con Huawei para la construcción de un centro de datos en Vaca Muerta. En esos mensajes, el funcionario advertía sobre eventuales restricciones en el visado para los directivos que decidieran avanzar con la tecnológica china.
En respuesta, la cooperativa neuquina denunció lo que consideró una presión indebida y presentó un reclamo formal a la Cancillería. Sin embargo, Lamelas reafirmó por escrito que esa advertencia era una manifestación de la política oficial de Washington. Durante un evento el 13 de agosto, dirigido a empresarios en el summit de AmCham Energía, el embajador afirmó que Huawei está involucrada en espionaje para el Partido Comunista Chino y que la utilización de esa tecnología no contribuiría a atraer inversores hacia Vaca Muerta.
El 22 de agosto, amplió su lista de advertencias en la red social X e instó a los países de América a reemplazar con urgencia a proveedores como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI, argumentando que la legislación china los obliga a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing. El 8 de septiembre, Lamelas añadió un informe de la Comisión Europea que considera a Huawei y ZTE como proveedores de alto riesgo para las redes 5G. Diez días después, acuñó una frase que ahora encabeza su gráfica: “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”. Esto ocurrió en coincidencia con el inicio de un juicio en un tribunal federal de Brooklyn contra Huawei por presunto robo de secretos comerciales y evasión de sanciones contra Irán, un proceso que Lamelas también promovió a través de sus plataformas.
La embajada china no dudó en responder a cada paso dado por el funcionario estadounidense. Tras la revelación del incidente con CALF, acusó a Washington de impedir de forma “descarada” colaborar con Huawei mediante la revocación de visados, y, poco después, planteó que el mundo debería cuestionarse si prefiere la libertad o la “hegemonía y la política de fuerza”. Luego del discurso de Lamelas en AmCham, la embajada china calificó las acusaciones como “calumnias sin fundamento” y rebatió el núcleo del argumento de Estados Unidos. Aseguró que el gobierno chino “nunca ha pedido ni pedirá” a las empresas que entreguen datos en contravención de las leyes locales, y sostuvo que la Argentina “no necesita que nadie le enseñe cómo atraer inversiones extranjeras”.
Después del posteo del 9 de septiembre, la embajada china comparó las advertencias con la “bolsa de detergente” que en el pasado se presentó como evidencia de un arma de destrucción masiva, recordando el escándalo de espionaje estadounidense conocido como PRISM, y cerró su comunicado con el famoso dicho: “el ladrón grita: ¡agarren al ladrón!”. Por su parte, Huawei defiende su estatus como una empresa completamente privada, propiedad de sus empleados, con 25 años de presencia en el país y un historial íntegro en materia de ciberseguridad.
La presión ejercida por Estados Unidos sobre los proveedores chinos no es un fenómeno nuevo, sino que abarca varios gobiernos. No obstante, lo distintivo de esta etapa es que la presión se realiza de forma abierta, a través de discursos ante empresarios y publicaciones que incluyen imágenes de líderes políticos, sumando además una herramienta concreta de disuasión, como la amenaza de restringir los visados a quienes mantengan negocios con empresas tecnológicas de China. Ya en su audiencia ante el Senado, antes de asumir su cargo, Lamelas había prometido mantenerse firme contra la “influencia maligna” de China y de otras potencias en la región.
Hasta el momento, el Gobierno argentino no se ha pronunciado públicamente sobre el intercambio de acusaciones entre ambas embajadas, aunque sus decisiones reflejan una dirección similar. En agosto, la Secretaría de Energía reeditó una cláusula en la licitación de la obra de transmisión eléctrica AMBA I, que impide que empresas controladas por Estados extranjeros actúen como contratistas principales, un filtro que, en la práctica, excluye a las compañías estatales chinas. Lamelas había planteado ante los empresarios en agosto: “La verdadera pregunta ya no es si la Argentina se va a convertir en una potencia energética. La pregunta es quién va a ser parte de esta transformación.”
