Desde hace más de tres décadas, Naciones Unidas aborda esta problemática. La decimoséptima Cumbre Mundial de la Biodiversidad, conocida formalmente como la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. En esta edición, están presentes representantes de Argentina y otros 195 países, quienes discutirán la implementación de acuerdos previos alcanzados en encuentros anteriores. A su vez, el actual contexto geopolítico ha ralentizado el progresivo avance del multilateralismo.
Además de las delegaciones gubernamentales, organizaciones civiles, comunidades indígenas y grupos locales participan activamente en esta convención. Un hito de la cumbre será el primer balance mundial oficial del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022, el cual incluye objetivos concretos que deben lograrse para 2030 y que se evaluará su efectividad.
El propósito del encuentro no es renegociar las metas ya establecidas, sino examinar su cumplimiento, identificar brechas en financiamiento y capacidades, y determinar las acciones necesarias para mitigar la pérdida de biodiversidad, con el horizonte fijado en los cuatro años que restan para alcanzar los objetivos propuestos.
Se llevarán a cabo análisis de los Séptimos Informes Nacionales, que los países deben presentar obligatoriamente, para valorar si las políticas y estrategias actuales están logrando contener la degradación ecológica o si es urgente rediseñar acciones. La atención se dirigirá hacia la implementación efectiva y el aseguramiento de financiamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que contiene cuatro objetivos a largo plazo y 23 metas para 2030, busca detener y revertir la pérdida de naturaleza. Entre los compromisos más destacados se encuentra la conservación del 30% de las áreas terrestres y aguas continentales, así como la restauración de al menos el 30% de los ecosistemas degradados. Argentina, al igual que otros países firmantes, se comprometió a alcanzar estos objetivos en su territorio.
Durante la COP 17, se analizarán los progresos realizados por los países y se abordarán temas cruciales como la insuficiencia de financiamiento internacional, la eliminación de subsidios que dañan el medio ambiente y la responsabilidad empresarial en relación con la biodiversidad. Se busca cerrar la brecha entre las promesas políticas y su efectiva implementación.
En el ámbito global, casi la mitad de las naciones signatarias se encamina a cumplir con buena parte de las metas acordadas, aunque de manera desigual. Se prevé que la próxima convención se celebrará en América Latina en 2028, siendo Panamá un posible escenario para este encuentro, el último antes del 2030.
Según el Informe Planeta Vivo 2026, elaborado por una notable organización ambiental, la población de vertebrados silvestres monitoreados disminuyó en un promedio del 73,2% entre 1970 y 2022. Este índice refleja cambios en la abundancia relativa de las especies monitoreadas, indicando que, a pesar de las medidas adoptadas en foros internacionales, la situación no ha mejorado.
Según este informe y otros estudios científicos de la ONU, las principales amenazas a la biodiversidad incluyen la pérdida y degradación de hábitats, en gran parte a causa de la expansión agrícola, la sobreexplotación de especies, las especies invasoras, las enfermedades, el cambio climático y la contaminación. Estas presiones interrelacionadas afectan tanto a las especies como a la funcionalidad de los ecosistemas.
América Latina y el Caribe presentan la mayor disminución regional del Índice Planeta Vivo, con un descenso del 95% entre 1970 y 2022. Este dato revela la disminución promedio de la abundancia relativa de las especies estudiadas en la región. La muestra de 2026 comprende 4737 poblaciones de 1405 especies, en comparación con 3936 poblaciones de 1362 especies en el análisis de 2024.
La región alberga ambientes sumamente biodiversos, como el Amazonas, el Darién, la Patagonia, la Moskitia y las Islas Galápagos, donde se han documentado más de 7200 especies distintas. Entre las causas de la pérdida de biodiversidad destaca la conversión de bosques y otros biomas para uso agropecuario, la sobreexplotación de fauna, la fragmentación de ríos y el cambio climático. La deforestación acumulada se estima entre el 14% y el 17% del bioma, próximo al umbral del 20%-25%, que podría llevar a un colapso ecológico.
Los ecosistemas de agua dulce son los más perjudicados a nivel global, con un descenso del 85% en la abundancia de las poblaciones estudiadas entre 1970 y 2022, destacando la drástica reducción de las poblaciones de peces migratorios. Las principales amenazas que enfrentan incluyen la contaminación, la extracción de agua, la construcción de represas y la fragmentación de ríos, que afectan sus ciclos migratorios.
En el entorno marino, la disminución es del 59%, superando el 56% del informe anterior. También se reportan problemas graves para los anfibios, amenazados por la pérdida de hábitat, el cambio climático y enfermedades, y para tiburones y rayas, que sufren por la sobrepesca y la captura incidental. Los arrecifes de coral enfrentan una grave amenaza debido al calentamiento océano, que provoca blanqueamiento, comprometiendo su supervivencia. Con un calentamiento global limitado a 1,5 °C, se prevé que podría perderse entre el 70% y el 90% de los arrecifes a nivel mundial.
Estos ejemplos ilustran que la crisis afecta de forma desigual a los diferentes ecosistemas: los entornos de agua dulce son los más debilitados según el índice, mientras que el cambio climático, la contaminación y la transformación de hábitats exacerban la presión sobre especies y ecosistemas vulnerables.
La representación de Argentina en la COP 17 es limitada. El canciller, en un viaje a España junto al presidente, ha delegado en una técnica de su equipo las negociaciones en la cumbre. Aunque no se pudo verificar la cantidad exacta de representantes del gobierno en la delegación argentina, se sabe que está encabezada por Eliana Saissac, subsecretaria de Política Exterior, y cuenta con la asesoría de Mónica Gabay, experta en política ambiental.
La gestión en Argentina muestra un avance lento en temas de conservación, según informes de organizaciones ambientalistas. Actualmente, un 13,2% de la superficie terrestre y un 6,57% de la marina están bajo protección, cifras que aún están lejos del compromiso del 30% para 2030 establecido en 2022. La Argentina no ha presentado su Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica antes del plazo de febrero de 2026, lo que complica la evaluación de sus progresos en este balance mundial.
Aunque se han creado herramientas para estimar las necesidades de financiamiento en materia ambiental, siguen existiendo déficits de recursos para la protección de bosques nativos y áreas protegidas.
