El tablero de la Cámara de Diputados reflejó que la aprobación se logró con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El peronismo decidió respaldar la propuesta después de que los liberales aceptaran gran parte de las modificaciones sugeridas. La posible negativa del presidente Milei a prorrogar la Emergencia y la presión ejercida por las principales organizaciones del colectivo de discapacidad fueron factores decisivos para que Unión por la Patria se alineara con La Libertad Avanza.
Asimismo, votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. Los diputados de Córdoba, pertenecientes tanto a Provincias Unidas como a Unión por la Patria, se opusieron, argumentando que las organizaciones del colectivo no participaron en la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, señaló Gabriela Estevez. Por otro lado, la izquierda se abstuvo debido a la falta de revisiones sobre las deudas con los prestadores.
La mayoría especial de dos tercios alcanzada complica prácticamente que el Senado pueda realizar modificaciones o que el presidente considere la opción de veto.
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, integrante de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo, junto a Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Desde el oficialismo, las encargadas de elaborar el texto consensuado fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Las negociaciones, que iniciaron hace casi dos meses a raíz de un pedido por parte de organizaciones de personas con discapacidad, buscaban prorrogar la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada el año anterior y que concluye a fin de 2023. En este contexto, la oposición logró emplazar las comisiones y se preparaba para llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.
Como respuesta a esta iniciativa opositora, el oficialismo anunció que trabajaba en un proyecto “superador” junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, que permitiría finalizar con la Emergencia, tal como pretende el Gobierno, pero que a su vez ofrecería una solución duradera que garantizara previsibilidad.
La situación se complicó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluía recortes severos en Discapacidad que no estaban en sintonía con las conversaciones en curso. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich se mostraron sorprendidos, y hubo un intercambio de reproches dentro de la Mesa Política.
El capítulo del Presupuesto que generó controversia incorporaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, eliminando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de obtención del beneficio. También establecía incompatibilidad absoluta entre la pensión y el trabajo formal y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, permitiendo a cada obra social, prepaga o provincia fijar sus propios precios sin actualizar de forma automática según el IPC.
Para evitar la sesión de la semana pasada, el oficialismo se comprometió a descartar el recorte del Presupuesto y propuso un proyecto que, en líneas generales, retoma los principales aspectos del sistema actual.
El texto consensuado reafirma el sistema de Pensiones por Discapacidad, que se determina en un 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso, junto con un nomenclador universal y un arancel unificado.
Por solicitud de sus aliados, se mantuvo también la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, permitiendo que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
A pesar de esto, en las horas previas a la votación, referentes de la oposición solicitaron más modificaciones para sumar su apoyo. Solicitaron, por ejemplo, asegurar que tanto los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tuvieran acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).
Además, para evitar futuros vetos o cuestionamientos por parte del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarían a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro en caso de ser necesarias. También se destacó que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda capacidad adquisitiva con respecto al año anterior.
El proyecto también introduce controles más rigurosos. La Secretaría Nacional de Discapacidad llevará a cabo auditorías periódicas cruzando datos con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender de manera preventiva un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que incluye notificación y rehabilitación provisoria.
Por último, establece que si existieran deudas pendientes con prestadores al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá dar a conocer un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas en un plazo de 90 días.
Los bloques opositores mantuvieron un diálogo constante con las organizaciones de personas con discapacidad y decidieron votar a favor del proyecto porque consideran que se logró ratificar con una ley “permanente” (en lugar de una emergencia que debe renovarse) gran parte del sistema existente.
Durante el debate inicial, el diputado Herrera Ahuad leyó los últimos cambios propuestos por la oposición y aclaró que si no eran aceptados en su totalidad, su bloque no votaría afirmativamente. “Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo”, indicó. A su vez, el diputado libertario Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias.
Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición “no iba a tener el número” para prorrogar la Emergencia. “Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que debíamos discutir para que el proyecto no contenga retrocesos. En ese sentido, se tuvieron en cuenta numerosos planteos”, explicó, subrayando que la versión definitiva “es totalmente opuesta a lo que enviaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.
En la misma línea, Victoria Tolosa Paz destacó: “Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal. También fortalecimos el financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda. Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”.
La oficialista Laura Rodríguez Machado comenzó señalando que la sensibilidad social “no se contrapone” a la responsabilidad fiscal, y resaltó el trabajo de los bloques que participaron en la negociación. Sin embargo, dirigió críticas hacia los diputados de Córdoba que afirmaron que las organizaciones del colectivo no participaron en la elaboración del proyecto: “Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”.
“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se realizaron los recortes; de la oposición sobre el oficialismo porque logramos imponer un tema que no querían abordar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque consiguieron establecer por ley el régimen vigente”, sintetizó un diputado opositor.
