Como otro coletazo del fallo que benefició a Cristóbal López, la Comisión de Disciplina y Acusación aprobó ayer que las declaraciones juradas del magistrado formen parte de la investigación que intenta determinar si el crecimiento de su patrimonio fue acorde con sus ingresos como magistrado durante las últimas décadas.
La comisión pidió que se agregue entre la información -que ya está en poder del Consejo- los anexos reservados con información más puntual sobre sus gastos y bienes, así como documentación sobre los activos de su esposa.
La investigación tomó impulso días después de que Ballestero suscribiera el fallo que ordenó la liberación del empresario kirchnerista y cambiara la calificación del delito para beneficiar a Cristóbal López. La diputada Elisa Carrió denunció al camarista ante el Consejo por un supuesto enriquecimiento indebido.
La investigación, a cargo del diputado Pablo Tonelli, se centra en el patrimonio del camarista. Carrió sostuvo que la decisión de Ballestero de beneficiar a López pudo haber estado «influida» por «intereses económicos». La líder de Cambiemos hizo especial referencia a «la compra de un dúplex» en la avenida Figueroa Alcorta que se habría comprado -sostuvo- con un «crédito simulado» en 1995.
El camarista declaró que adquirió la mitad de un departamento de 190 m2 sobre la avenida Figueroa Alcorta, con un valor fiscal de $900.000, una cifra por debajo de los números de mercado.
Su sueldo promedio como juez es de unos $170.000 por mes. Su patrimonio total supera los $12 millones y prácticamente se triplicó en el último año.
Pero lo que multiplicó su patrimonio fue una operación comercial vinculada a otra propiedad. En su entorno explicaron que Ballestero vendió una casa en el Club Mayling de Pilar. La mansión de 230 m2, que había sido declarada en 2015 con un valor fiscal de $1.669.000, fue vendida por medio millón de dólares. El juez declaró esa cifra entre sus depósitos bancarios. «Fue una operación totalmente lícita. Está todo en el banco y declarado», remarcaron cerca del magistrado.
Ballestero lleva 40 años como empleado del Poder Judicial y asumió en 2008 como camarista federal. Después de rechazar la denuncia del fiscal Alberto Nisman (junto a Eduardo Freiler y Eduardo Farah), Ballestero vivió una situación incómoda en el Mayling de Pilar cuando un grupo de socios lo increpó públicamente en el restaurante del club.
Tal como informó LA NACION, esa operación inmobiliaria obligó a sincerar parte de su patrimonio, lo que motivó el 183% de crecimiento de sus bienes.
Ballestero lleva una década en un lugar clave para el curso de las causas más sensibles. Como miembro de la Sala I de la Cámara Federal, el magistrado quedó bajo la lupa por el fallo que
favoreció a la entonces presidenta Cristina Kirchner. El expediente más resonante fue el rechazo a investigar la denuncia del fiscal Alberto Nisman, pero también se incluye en esa lista el desplazamiento del juez Claudio Bonadio del caso Hotesur y la nulidad de los famosos «mails de Ricardo Jaime», entre otros.
En esos años, Ballestero construyó mayoría en la Cámara Federal con sus colegas Freiler (destituido por enriquecimiento indebido) y Farah, el otro camarista que hace poco menos de un mes benefició a Cristóbal López.
Mientras analiza las declaraciones juradas de Ballestero, el Consejo también avanza con una investigación sobre Farah por posibles «influencias» en su voto. Carrió señaló que dos hijos de un exempleado de Cristóbal López trabajan en la Cámara Federal junto a Farah.
