Se trata de una respuesta a los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y paso más en el plan que puso en marcha la Casa Rosada para ordenar “descontrol migratorio”.

Sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década no podrá avanzar con el trámite migratorio. En los últimos tres años, la dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones –el ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana–; una cifra récord. Es por eso que para establecer un mayor control migratorio el Gobierno decidió avanzar con el nuevo requisito.

Hasta ahora, aquellos que iniciaban el trámite para solicitar la residencia permanente debían presentar un certificado que acredite que no registraba condenas anteriores ni procesos penales “emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años”.

El encargado de la presentación que se realizará esta tarde en la Casa Rosada será el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por “Toto” García.

El Gobierno busca con esta resolución impedir el ingreso de personas involucradas en delitos y al mismo tiempo optimizar los controles migratorios en los pasos internacionales. La norma está regulada en la Ley de Migraciones que se sancionó en 2003, que refiere al principio de reciprocidad entre los Estados de acuerdo los criterios del derecho internacional, pero que hasta el momento no se aplicaba.

Otro de los motivos para solicitar los antecedentes de los últimos 10 años es que en algunos países los certificados no incluyen los registros de delitos cuando se han cumplido las condenas o ha transcurrido cierto período. Según fuentes oficiales, de haberse conocido determinado antecedente o condena o requerimiento judicial o de fuerzas de seguridad, posiblemente a muchos delincuentes se les habría impedido el ingreso a la Argentina y nunca hubieran podido cometer delitos en nuestro territorio.

Mayores controles

El Gobierno aprovecha la instalación de la agenda de seguridad para insistir con la aplicación de un programa más extenso. Ahí, incluye la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos. Además, se está trabajando en la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada que se encargue de la búsqueda de los inmigrantes.

Con la campaña electoral en marcha y ante una economía deprimida, el Gobierno buscará mostrar resultados positivos en otras áreas, en especial en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el control de la calle. Pero, además, la Casa Rosada también decidió poner en el debate público la necesidad de ordenar lo que definió como un “descontrol migratorio”.

Es que, según datos oficiales, el 83 por ciento de los 660.000 extranjeros que se radicaron en la Argentina en los últimos tres años lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Además, el Ministerio del Interior ya puso en marcha la remodelación de los 14 centros de fronteras más transitados del país para agilizar los controles.