El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra los detenidos por la protesta de los barrabravas del miércoles.
Los hechos investigados implican a diversos actores y sectores sociales, señalando una organización premeditada para llevar a cabo actos violentos durante la marcha convocada, originalmente, en apoyo a los jubilados.
El detonante de esta denuncia fue una movilización organizada a través de redes sociales por diferentes agrupaciones el pasado miércoles, que derivó en diversos incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Según el texto presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, las consignas reivindicativas de la marcha derivaron rápidamente en disturbios encabezados por grupos organizados, incluyendo a integrantes de barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.
Las acusaciones involucran a clubes de fútbol como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, entre otros. Además, también se vincula al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la manifestación desde España mediante un video viralizado en redes sociales.
El Ministerio asegura que las movilizaciones derivaron en agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, lo que dejó múltiples bienes públicos dañados y, al menos, catorce policías lesionados.
El incidente también alcanzó a civiles y periodistas. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido en la cabeza, presuntamente por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, mientras documentaba los hechos. En tanto, una mujer mayor también quedó lesionada tras un forcejeo con las fuerzas de seguridad.
El Ministerio ampara su denuncia bajo los artículos mencionados del Código Penal, incluidos los recientemente modificados por la Ley Antimafias (Ley 27.786), que incorpora el delito de asociación ilícita agravada, penalizando la violencia premeditada por estas agrupaciones organizadas.
Además, se invoca el artículo 213 bis, que sanciona a quienes participen en agrupaciones cuyo propósito sea imponer ideas o combatir adversarios mediante la fuerza o el temor.
El documento advierte que la violencia disfrazada como protesta social constituye un modus operandi peligroso para la estabilidad institucional y democrática. Según el Ministerio, los organizadores anticiparon que estas movilizaciones y hechos violentos se repetirían “todos los miércoles”, lo que, en su interpretación, plantea un desafío directo al orden público y a las autoridades nacionales.
La denuncia solicita formalmente que se inicie un sumario penal en el ámbito federal para investigar la supuesta comisión de sedición, atentado contra el orden constitucional, asociación ilícita agravada y otros delitos. Además, requiere la inhibición de la jueza Andrade respecto al caso que ya instruyó en el fuero local.
Las miradas ahora se centran en las medidas que pueda tomar el Juzgado Federal, mientras se espera que el Ministerio de Seguridad active nuevas pruebas, entre las cuales destacaron grabaciones, testimonios y documentos relacionados con la presunta financiación de estos grupos.
