Kueider ha expresado confianza en que el resultado del juicio será favorable y aspira a una absolución. Sin embargo, también reconoce que en el ámbito judicial, donde considera que hay mucha incertidumbre, la suerte juega un papel importante.
El exparlamentario, oriundo de Entre Ríos, sueña con regresar a Argentina sin el peso de una condena, y visualiza un retorno triunfal que le permita recuperar su imagen pública. Su objetivo es eliminar las etiquetas que lo asocian con el robo al Estado o el lavado de dinero.
Pese a su optimismo, el exsenador muestra preocupación por cómo la opinión pública lo ha juzgado ya, considerándose condenado ante la sociedad. Es consciente de que su nombre se asocia frecuentemente con la corrupción y que existe la percepción de que, durante su tiempo en Paraguay, disfruta de una vida opulenta.
En los últimos meses, Kueider ha optado por el silencio, tras haber hecho múltiples apariciones en medios de comunicación. Cree que la cobertura mediática ha sido tendenciosa en su contra, enfocándose en la evidencia que lo incrimina, lo que ha llevado a que su exposición no le beneficie en su defensa.
En paralelo, Kueider enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en dos juzgados distintos. Uno de los casos, que ya ha sido elevado a juicio, es manejado por el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. El otro está bajo la supervisión del juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias en Concordia.
La situación se ha complicado con la intervención de la Corte Suprema, que debe determinar la competencia del caso. El proceso arrancó con la llegada del expediente a la Procuración General el 5 de noviembre de 2025, aunque aún no hay resolución.
Al principio, la defensa de Kueider creía que el mejor escenario sería que la investigación se realizara en San Isidro, considerando que el fiscal Arias era un adversario político que actuaba de manera imparcial. Sin embargo, esta percepción ha cambiado y, actualmente, ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez gozan de buena fama entre su defensa, lo que ha contribuido a un aumento de las incertidumbres en su estrategia legal.
