No fue el único funcionario que vio alterado su agenda por la enfermedad. La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra , tenía previsto dedicar gran parte de su día a terminar de pulir la letra del proyecto de ley para legalizar el aborto que el Gobierno enviará al Congreso, pero tuvo que modificar su cronograma por el coronavirus.
En medio de la calificación del avance del nuevo coronavirus Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que establece la obligatoriedad de la cuarentena para los argentinos que aterricen en el país procedentes de destinos afectados por el virus. Los que incumplan ese plazo y pongan en riesgo la salud de terceros serán denunciados penalmente por encubrimiento.
Prohíben los recitales y los eventos deportivos con público en la ciudad. El Gobierno porteño anunció medidas para afrontar el virus COVID-19.
Rodríguez Larreta esperaba ceder el 0,5% de los recursos federales, pero Fernández le recortará un punto; «Nos hace un agujero», alertaron en gobierno porteño.
Luego del desplome por el lunes negro, Trump anunció medidas de alivio fiscal. Los futuros de Nueva York muestran mejoras de 4%. El barril de petróleo recupera 7% y las bolsas asiáticas cerraron en alza.
La confianza de hace unos días mutó a incertidumbre y preocupación. Mientras se prepara para la presentación del proyecto de legalización del aborto, que ingresará en la Cámara de Diputados, el Gobierno reconoce ahora que la aprobación de la iniciativa será muy complicada en la Cámara de Senadores.
Luis Basterra , ministro de Agricultura, confirmó la suba de las retenciones a la soja, del 30 al 33%.
En el Gobierno no hubo sorpresa ni habrá respuestas públicas. Las duras críticas que el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández , le dedicó al presidente Alberto Fernández por haber sugerido que aquellos que están en contra de la legalización del aborto son «hipócritas» no generaron «malestar», según arguyeron en el oficialismo.
El Gobierno publicó un DNU, donde anula las facultades de los agentes para realizar tareas de inteligencia interna y colaboración judicial. Podrán actuar solo cuando haya “riesgo al orden constitucional”.
Ya son pocos los ministros que insisten en golpear la puerta del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Martín Guzmán. Es que desde hace 75 días la respuesta es la misma: no hay plata.
