La confianza de hace unos días mutó a incertidumbre y preocupación. Mientras se prepara para la presentación del proyecto de legalización del aborto, que ingresará en la Cámara de Diputados, el Gobierno reconoce ahora que la aprobación de la iniciativa será muy complicada en la Cámara de Senadores.
Luis Basterra , ministro de Agricultura, confirmó la suba de las retenciones a la soja, del 30 al 33%.
En el Gobierno no hubo sorpresa ni habrá respuestas públicas. Las duras críticas que el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández , le dedicó al presidente Alberto Fernández por haber sugerido que aquellos que están en contra de la legalización del aborto son «hipócritas» no generaron «malestar», según arguyeron en el oficialismo.
El Gobierno publicó un DNU, donde anula las facultades de los agentes para realizar tareas de inteligencia interna y colaboración judicial. Podrán actuar solo cuando haya “riesgo al orden constitucional”.
Ya son pocos los ministros que insisten en golpear la puerta del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Martín Guzmán. Es que desde hace 75 días la respuesta es la misma: no hay plata.
Los índices de Wall Street retoman la senda negativa y contagian a los activos argentinos, pese al feriado local.
Recorrerá la herencia que recibió, pero sin utilizar esa palabra que quedó marcada a fuego durante la gestión de Mauricio Macri. Alberto Fernández hará un «diagnóstico» del estado en que recibió la administración nacional y detallará los alcances de las medidas que lanzó en los primeros 80 días de mandato. Pero el eje central del discurso que dará el domingo próximo ante la Asamblea Legislativa estará marcado por la presentación del proyecto de ley para legalizar el aborto.
La reacción en Wall Street ante el comunicado del organismo multilateral en Buenos Aires por el mensaje del FMI sobre la Argentina fue negativa .
El Gobierno decidió derogar el decreto que firmó el expresidente Mauricio Macri con los cambios en el programa de Protección de Testigos, que así permanecerá bajo el control del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo.
Según publicó el diario Clarín, la reforma en el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces y funcionarios judiciales tiene alborotado por completo a uno de los tres poderes que conforman la República Argentina.
