Según confirmaron dos altísimas fuentes de la Casa Rosada, el objetivo es enviarlo al Congreso esta semana y aprobarlo antes de que venza el actual DNU, el 21 de mayo. Incluso, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, está en conversaciones con los gobernadores para lograr que la iniciativa tenga el mayor consenso posible.

“Estamos trabajando en el proyecto de ley. Por un lado, desde el aspecto técnico y jurídico, y por otro lado, desde la política, en la generación de acuerdos”, explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero.

El proyecto, según pudo saber LA NACION, tiene los mismos indicadores que se fijaron en el último decreto de necesidad y urgencia (DNU), que estableció categorías según tres factores: aumento de los contagios los últimos 14 días, la incidencia sobre la población y la ocupación de las camas de terapia intensiva. Así, dividió al país en cuatro categorías: baja, media, de alto riesgo y alarma epidemiológica, situación en la que se encuentran la Capitaly el Gran Buenos Aires.

“Es un proyecto que tiene características técnicas, desde el punto de vista de los indicadores, de los rangos y de las sanciones, y otra parte política. Sobre la fecha, estimamos tenerlo esta semana. Y si no, será la próxima. Pero estamos trabajando para tenerlo esta semana”, dijo un hombre de máxima confianza del Presidente.

Desde el gobierno nacional le pidieron a la oposición acompañar la iniciativa. “Va a tener parámetros objetivos, algo que la oposición siempre le pidió al Ejecutivo. Son parámetros que están en el DNU y que siempre estuvieron, pero la oposición no suele leer las cosas”, agregaron.

El último viernes, Alberto Fernández anunció que enviará el proyecto que establecerá “criterios científicos claros y precisos” en función de los cuales tanto el Poder Ejecutivo como los gobiernos provinciales tengan la potestad de adoptar “restricciones y medidas de cuidado” tendientes a mitigar la pandemia de coronavirus “durante esta situación excepcional”.

“Nosotros, de esta forma, estamos convocando nuevamente a la oposición al diálogo político. La oposición tiene la posibilidad de sumarse y colaborar. ¿O solo firman comunicados oponiéndose a todo? El objetivo sigue siendo el cuidado de la salud y las medidas que recomiendan los expertos y el consejo federal de salud”, agregaron cerca del jefe del Estado.

Tras el fallo de la Corte, el Gobierno nacional acusó a la Ciudad de desobedecer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente. “El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se tiene que ajustar a derecho. Hoy no está ajustada a derecho”, sostuvo uno de los hombres de confianza del presidente Alberto Fernández.

Desde la Casa Rosada explicaron que la resolución del máximo tribunal “no aporta nada porque habla sobre un DNU que perdió vigencia ya, y que fue reemplazado por otro que no es una prórroga, sino distinto, con una propuesta de métricas”.

Entre los puntos que resaltaron dos de los hombres fuertes del Gobierno se destacan que el nuevo DNU no habla de área metropolitana, denominada AMBA; fija parámetros epidemiológicos y está saldada la discusión de las facultades concurrentes con la reunión del Consejo Nacional de Educación que se desarrolló este martes en la que se aprobaron los parámetros sanitarios.

“El fallo incorpora el concepto de concurrencia, dice que hace falta un acto concurrente, o sea, un consenso. La autonomía no significa independencia. La Ciudad incumplió el DNU. ¿Ahora también va a incumplir este acuerdo?”, se preguntó un funcionario con acceso diario al despacho presidencial.

Pese al impacto que causó puertas adentro de la Casa Rosada el fallo y la primera reacción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con el correr de las horas buscaron bajarle el tono al enfrentamiento. “La relación con la Corte es una relación institucional. Nosotros tenemos serios cuestionamientos a todo el sistema de Justicia y lo venimos diciendo desde la campaña, así como ya en el Gobierno hemos presentado proyectos que van en esa línea”, sostuvieron fuentes oficiales.

La Corte dijo que los criterios se aplicarían a futuro si el DNU se hubiera prorrogado, pero desde el Gobierno advierten que no se hizo eso: el nuevo DNU, por ejemplo, no habla de AMBA, sino de métricas y de riesgos epidemiológicos, insisten cerca del Presidente.