El punto de partida del estudio fue conocer cómo ve la opinión pública la situación de su país y cuáles son los principales problemas que enfrenta. Ahí, como se mencionó, la Argentina lidera el porcentaje de rechazo al rumbo: un 79% de los encuestados respondió que la dirección era incorrecta. Para el caso de Brasil, ese número se ubicó en el 64%, y para el de Chile, en el 61%.

“La Argentina es el país con más pesimismo y el único que marca la inflación como problema. Podría ser una obviedad, pero no, solo ocurre acá”, apuntó Costa. En efecto, el listado de los problemas que identifica la población de cada lugar presenta diferencias. En el caso argentino, el 68% mencionó en primer puesto a la inseguridad. En segundo término, se ubicó la inflación, con el 50% de las respuestas, y en tercer lugar surgió la pobreza, con el 44%. Luego se encolumnaron la corrupción (40%), la educación (35%) y la salud pública (3%).

Para comparar, en Brasil el principal problema, mencionado por el 44%, fue la educación. Luego vienen la corrupción (42%), la inseguridad (40%), la pobreza (38%), el desempleo (32%) y la salud pública (7%). En el caso de Chile, encabeza la inseguridad, con el 54% de las respuestas, seguido de la educación (40%) y la inflación (con el 34%). El país trasandino es el único donde surgió la inflación como problema además de la Argentina, aunque con índices anuales muy inferiores al 50,9% local de 2021, claro: la suba de precios cerró en 7,2% el año último, la marca más alta desde 2007.

Pero el foco principal del trabajo está centrado en la reputación de 21 actividades económicas. Se preguntó a los encuestados cuánto confía en cada uno de los sectores, sin importar el conocimiento que tuvieran de ellos. En el promedio de confianza general en el sector empresario, la Argentina arrojó 51%, el segundo más bajo detrás de Chile (47%) y por debajo de Brasil y México (55% en ambos casos).

Los cinco rubros que gozan de mejor percepción entre la opinión pública son el turismo (74% de respuestas positivas), las bodegas (71%), la energía renovable (67%), las apps (que identifican a las empresas de tecnología, 66%) y la industria láctea (64%). En el sentido opuesto, figuran la minería (23%), los medios de comunicación (30%), las aseguradoras (34%) y los bancos y las empresas de servicios públicos (los dos con 35%).

El top 10 de las actividades con mejor reputación comparativa lo completan la industria textil (62%), la industria cervecera (59%), el sector agropecuario (56%), el e-commerce (54%) y los fabricantes de gaseosas (53%), en ese orden.

Cuando el estudio indaga en el nivel de regulación estatal percibido para cada uno de esos sectores, la tabla se invierte: las actividades que están en los últimos puestos en reputación –como servicios públicos o minería– son las que, a juicio de la gente, se encuentran más controladas. Aun así, ante la pregunta de a qué sector le aumentaría los impuestos en primer lugar, los encuestados se inclinan por esas mismas actividades. Los mencionados como candidatos fueron la minería (39%) y los bancos (36%).

“La relación entre el mundo empresario y la opinión pública es de mucha complejidad en la Argentina”, observó Costa, como introducción a un punto central del informe: que existe un vínculo directo entre la imagen de los sectores y la mayor o menor regulación que aplican los gobiernos, no solo en la Argentina sino en toda la región.

“No es lo mismo ser una minera que una empresa de energía renovable. No es lo mismo producir vino, ligado a la economía regional, que ser un banco”, ejemplificó el consultor. “No estoy diciendo que los gobiernos hagan encuestas para tomar decisiones, pero la relación es contundente. Los sectores que tienen mejor imagen tienden a tener baja regulación”, agregó.

En esos casos, las respuestas aluden más a la posibilidad de seguir regulando que al conocimiento real de los encuestados sobre los niveles de regulación ya existentes, concedió el consultor. Y puso como ejemplo a los bancos. “¿Hay una actividad más regulada que los bancos? Sin embargo, siempre puede haber una norma más para los gobiernos”, dijo.

Un aval a las pymes

¿Cómo son vistas las empresas según su tamaño y origen del capital? Los tres principales atributos que la opinión pública asigna a las empresas extranjeras son la capacidad de innovación (un 73% de las respuestas), la de ofrecer productos que satisfacen a consumidores y clientes (68%) y la contribución a la economía local (57%). Pero en el resto de las consignas propuestas, las empresas extranjeras fueron calificadas por debajo del 50%. La pregunta de si tienen prácticas de negocios transparentes consiguió un 49% de adhesión y la de si invierten en el país, un 43%. Para los argentinos, según el estudio, las firmas extranjeras tienen una baja participación en las comunidades donde operan (solo un 39% estuvo de acuerdo en que intervienen activamente) y no son percibidas como cercanas a la sociedad (un 43% respondió afirmativamente).

Las grandes empresas nacionales, en cambio, superan a las extranjeras en su contribución a la economía local (67% de menciones positivas) y en la inversión en el país (50%), pero en la percepción sobre su ética y transparencia para hacer negocios están por debajo: solo un 45% validó esa afirmación.

En este marco, las pymes cosechan mayor simpatía en casi todos los atributos. El 80% rescata su contribución a la economía local, y el 77% las juzga innovadoras. El 65% cree que invierten en el país y el 64% las siente cercanas a la sociedad. Donde puntean peor es en el trato respetuoso a sus empleados (solo el 50% avaló esa afirmación).

Costa atribuyó esta visión sobre las pymes a que son percibidas como “semejantes”. “El dueño es un ciudadano como yo, que batalla con los mismos problemas, indica la lectura que suele surgir de los relevamientos”, explicó. Vinculada con esa construcción colectiva puede leerse la performance del 62% del sector textil, al que se lo asocia con el mundo pyme, interpretó.

Acá es preciso profundizar en un aspecto que ayuda a entender la relación entre la opinión pública y las empresas: el lugar donde trabajan los encuestados. El 42% de los consultados se desempeña en pymes; el 23%, en organismos y empresas dependientes del Estado; el 22%, en grandes empresas nacionales, y el 18%, en multinacionales.

“Muy poca gente trabaja en el sector privado de grandes multinacionales. Y ese sector construye su imagen con gente que no circula por ahí”, observó Costa. “También hay mucha gente que depende del Estado, que tiene una visión negativa de las empresas”, completó.

Pero se da una paradoja, porque los mismos que expresan una menor confianza en las empresas dicen que, si pudieran elegir, trabajarían en una multinacional. El 45% de los sondeados en la Argentina respondió eso. El 19% elegiría una gran empresa nacional, el 17% una pyme y solo el 15% preferiría el Estado.

¿Más intervención?

En el último capítulo del relevamiento, el foco estuvo puesto en la relación entre el Estado y las empresas y qué demanda de regulación percibe (y pretende) la opinión pública. Para el 37% de los consultados, el gobierno ejerce “mucha intervención” en los precios, el número más alto de toda la muestra. Lo mismo sucede, según el 30% de la gente, en materia de salarios.

De todos modos, ese nivel parece no ser suficiente: ante la pregunta de qué grado de intervención debería tener el gobierno, el 58% respondió “mucha” en el campo de los precios. Y el 56% dijo lo mismo, pero en relación a los salarios.

El estudio destaca que hay una diferencia entre el grado de intervención percibido y el demandado del 21% en la política de precios y del 26% en los salarios.

Esa visión de la opinión pública puede tener su raíz en otras creencias. Un 79% dijo estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con la afirmación de que el gobierno debe ejercer un rol activo en la regulación de la economía, y un 76% se mostró partidario de que el mercado local debe recibir protección de la competencia extranjera. La integración en un mercado regional –el Mercosur– por sobre acuerdos de libre comercio con otros países o bloques también cosechó la adhesión del 75% de los encuestados.

La demanda de mayor intervención en la economía parece ser un reclamo regional, vale aclarar, ya que salvo Brasil (donde el resultado arrojó 77%), en los demás países los porcentajes fueron incluso más altos que en el caso argentino.

Otras definiciones conceptuales por las que se consultó a los encuestados fueron: si la libertad individual es un valor superior a la igualdad social (el 69% de los argentinos dijo estar de acuerdo con ello) y si se debe dar prioridad al crecimiento económico por sobre la afectación del medio ambiente (solo el 32% respaldó esa consigna).

Por un lado, rechazo al rumbo del país, pero por el otro, una demanda de mayor intervención y regulaciones. ¿Son posturas contradictorias? “La gente diferencia entre quién está gobernando y el Estado. Cree que las cosas van mal, pero eso no significa que piense que se debe dejar todo librado al mercado”, interpretó Costa. “Respalda a las empresas y la actividad privada, pero con controles”, remató.

Los empresarios y su relación con la sociedad: qué hacer para mejorar

¿Qué análisis hacen empresarios, ejecutivos y académicos sobre la mirada que genera el sector empresario en la opinión pública hoy? Para Antonio Aracre, CEO de la proveedora de insumos agrícolas Syngenta, la percepción crítica se debe, en primer lugar, a lo que los empresarios no dicen, al espacio vacío que dejan en la discusión pública. “Los empresarios no se están involucrando y no están opinando. Hay una resistencia a exponerse en los medios y en las redes, por el miedo a quedar mal parados. Quienes tenemos responsabilidades de liderazgo tenemos la obligación de participar, involucrarnos y salir de la caja cómoda de lo políticamente correcto que representan las cámaras (empresarias)”, opinó.

Sobre la demanda de mayor regulación a las empresas que emergió del relevamiento, Aracre interpretó: “Una cosa es la carga fiscal y otra la regulación. La gente quiere que le cobren menos impuestos a las empresas para que generen más trabajo, pero a la vez quiere que las regulen y que cumplan con las normas. Eso no siempre se observa”.

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y CEO de Alberdi Desarrollos, reconoció que el sector empresario tiene una asignatura pendiente respecto de cómo comunicar su impacto en la actividad y la generación de empleo. “Como no hay conocimiento en general sobre estos temas, esto hace que los distintos sectores supongan que es el otro el que gana dinero y uno es el que recibe todos los perjuicios del aumento de impuestos y de la legislación laboral. Y este es el problema, que a veces terminamos discutiendo entre sectores empresarios cuando en realidad todos somos perjudicados de la misma manera”, afirmó.

Desde el ángulo académico, Francisco Díaz Hermelo, profesor y director del Área Académica Empresa, Sociedad y Economía de IAE Business School, destacó que existe una caída generalizada de imagen y legitimidad de todas las instituciones, a las que la sociedad culpa por sus decisiones que derivan en estancamiento. “Aun cuando una empresa no haya participado directamente en esas decisiones, participa indirectamente definiendo agendas o límites. La gente espera, con razón o con ilusión, un rol más activo de las empresas en los grandes problemas de la sociedad”, subrayó.

“No sorprende que la imagen de las empresas argentinas y chilenas sea la más baja de la región. La Argentina sufrió más de 10 años de estancamiento, caída del salario y del empleo, y numerosos casos de corrupción. En el caso de Chile, durante el estallido social de 2019 las empresas no siempre dieron una respuesta empática con los reclamos para atender necesidades de los sectores de menores ingresos. La sociedad exige un rol más comprometido”, analizó.

Pero Díaz Hermelo advirtió que es un error creer que la caída de imagen sufrida por las grandes empresas se puede resolver con campañas que destaquen los empleos creados o las acciones de responsabilidad social. “Es un problema más amplio que la imagen y que está originado en la pérdida de legitimidad de los grandes actores. Así como la pérdida de confianza y legitimidad en los actores políticos tradicionales lleva a poner las esperanzas en nuevas figuras de la política, el desprestigio y la deslegitimación de las grandes empresas lleva a confiar más en las pymes para el crecimiento”, concluyó el profesor del IAE.