El 21 de abril último, el presidente Alberto Fernández viajó a Vaca Muerta para anunciar la “puesta en marcha” del gasoducto Néstor Kirchner. Es una obra necesaria para el país, pero sobre todo para el Banco Central (BCRA), a quien le cuesta acumular reservas por la salida de dólares para pagar las importaciones de gas natural licuado (GNL). En aquel acto, en un yacimiento de YPF, el secretario de Energía, Darío Martínez, detalló que el llamado a licitación para la construcción del gasoducto se iba a hacer a comienzos de mayo, que se adjudicaría en junio, empezaría a construirse en agosto y estaría listo en invierno del año próximo. Más de un mes después, el pliego para el llamado a licitación nunca se publicó.

La demora en la “puesta en marcha” del gasoducto todavía es inexplicable para el sector, pero no generó sorpresa, ya que las empresas están acostumbradas a la pasividad del Gobierno para implementar las medidas que anuncia. Otros ejemplos de este patrón son el tratamiento en la ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas (se envió al Congreso, pero nunca se trató) y la segmentación de tarifas.

En el caso del gasoducto, el atraso llama igualmente la atención. En primer lugar, porque la falta de infraestructura para transportar el gas es un cuello de botella para el potencial de Vaca Muerta. Sin esta obra, los beneficios de la flexibilización del cepo que impulsó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para motorizar las inversiones y aumentar la producción no tendrán mucho efecto.

Por otro lado, el Gobierno esperaba contar con el gasoducto en el invierno próximo para reemplazar la importación de 11 millones de metros cúbicos por día (m3/d). Para comparar, la Argentina compra de Bolivia 14 millones de m3/d. Eso hubiera significado un alivio para las escasas reservas del Banco Central y para las cuentas fiscales, ya que la importación de gas cuesta en promedio más del triple que el costo de la producción local.

No solo la demora de la empresa estatal Energía Argentina (exEnarsa) para licitar la construcción es lo que convenció al sector de que será difícil llegar con el gasoducto para junio de 2023. En febrero, el Gobierno había licitado la compra de 656 kilómetros de caños, de manera de “apurar” el trámite. El 5 de mayo finalmente le adjudicó la licitación a Siat Tenaris, del Grupo Techint, por un total de US$500 millones. Sin embargo, más de tres semanas después, todavía no se firmó el contrato y la empresa no puede comprar los dólares para importar el material necesario. Según dijo el vocero del Banco Central, “hoy [Techint] no tiene ningún problema para acceder a la compra de dólares”.

Tenaris tiene dos plantas para fabricar tubos en el país, una en Campana, donde se produce los tubos sin costura que se utilizan para la extracción de petróleo, y otra en Valentín Alsina, donde fabrican tubos con costura, que se utilizan en la construcción de los gasoductos y oleoductos. Sin embargo, necesita importar la materia prima, que principalmente es el mineral de hierro.

Según las proyecciones de la Secretaría de Energía, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner cuesta US$1491 millones, ya que incluye también la ampliación de otros gasoductos menores, que ayudarían a ampliar el transporte. La cartera energética cuenta por ahora con US$183 millones de una partida que se incorporó al presupuesto del año pasado y con los US$520 millones que se recaudaron por el impuesto a la riqueza y que tenían como destino proyectos de producción de gas de Energía Argentina junto con YPF, pero que el Gobierno redireccionó. Todavía hay incertidumbre respecto de dónde saldrá el resto del financiamiento necesario para la construcción de la obra.

La renuncia de Antonio Pronsato de Energía Argentina, la empresa encargada de liderar la construcción del gasoducto y también de su futura operación y mantenimiento, confirmó la falta de rumbo sobre lo que sería la mayor obra de infraestructura del Gobierno.

Por ahora, lo único que está en ejecución es la propaganda sobre la “puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner”, que suena en la radio y se ve en televisión. Ahí señala que se crearán 6000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Sin embargo, “la obra de infraestructura clave para el desarrollo económico y nuestra soberanía productiva” todavía no empezó.