La Sala IV de la Cámara del Crimen procesó a Gerardo Martín Chiossi, uno de los directores de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) del gobierno porteño, por el delito de cohecho pasivo. Es decir, por un pedido de sobornos.

El funcionario había sido sobreseído por la jueza de Instrucción Karina Zucconi, pero su fallo fue revertido por los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Hernán López, tras una presentación de la fiscal Romina Monteleone. La causa se inició en 2017 por una denuncia de la AGIP.

Según la Procuración General de la Nación, el representante legal de una empresa prestadora de servicios informáticos relató que en marzo de 2017 le solicitaron 200.000 pesos mensuales -que supuestamente eran para las autoridades de la AGIP- para renovarle el contrato de prestación de servicios al organismo porteño. Con esa paga, le dijeron, se evitaría participar de una licitación y lograría un aumento del 60%.

De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, el hombre que habría pedido los sobornos, Patricio Bustos, tenía contacto con los funcionarios investigados, pero en el momento de los hechos no pertenecía al gobierno porteño. Figuraba como agente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, enviado a trabajar en comisión al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En agosto de 2020, la fiscal Monteleone pidió el procesamiento de Bustos y las declaraciones indagatorias -que se realizaron en octubre de ese año- del titular de la AGIP, de su director general de Planificación y Control, del exsubdirector general de Sistemas, del subdirector general Técnico Administrativo y de Gestión Operativa, del director de Administración (Chiossi) y del director General de Rentas.

La jueza Zucconi procesó por tráfico de influencias a Bustos y sobreseyó a los seis funcionarios. Pero la Cámara, en marzo de 2021, ordenó profundizar la investigación respecto de cuatro de los implicados. El 29 de marzo pasado, todos los funcionarios fueron sobreseídos. Entonces, la fiscal Monteleone apeló. Argumentó que se habían detectado comunicaciones entre los implicados que acreditaban que Chiossi “se encontraba en pleno conocimiento de la propuesta ilícita” realizada y que debía ser procesado.

López y Rodríguez Varela coincidieron con la fiscalía. Revocaron la resolución de la jueza y procesaron al director de Administración de la AGIP por el delito de “cohecho pasivo”.

La prueba clave que citan los camaristas en su fallo fue una conversación entre Bustos y Chiossi el día en el que Bustos, según los investigadores, pidió los sobornos. Quien representaba a la empresa en esa reunión lo grabó. “Estamos encaminando el tema que hablamos antes que te fueras de viaje -le dice Bustos a Chiossi-. Yo necesito que me chequees un tema. Del servicio del que estamos hablando, esa gente no cobra desde septiembre ¿Me lo podés verificar dónde está? Así le pasamos una respuesta y nos juntamos la semana que viene y lo cerramos?”, le dice Bustos en un tramo de la conversación. Chiossi alegó en su defensa que lo atendía a Bustos “por cortesía”, relatan los camaristas en su fallo. En total, se registraron entre ellos 55 comunicaciones.

Rodríguez Varela y López afirmaron: “En el caso se ha logrado establecer, con la provisoriedad que caracteriza la etapa, que Chiossi participó de pacto venal que se presentó al particular L.A. para lograr continuar de manera espuria con la prestación del servicio informático que brindaba a AGIP, más allá de que en rigor esa promesa no se llevó a cabo en los hechos”.

La respuesta de la Ciudad

En el gobierno de la Ciudad destacaron que la causa se inició por una denuncia del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Andrés Ballotta, por “tráfico de influencias” y que el supuesto acuerdo espurio que ofreció quien pidió la coima era “una promesa falsa y de imposible cumplimiento” porque la licitación que se pretendía evitar ya estaba en marcha. Subrayaron que la AGIP terminó asumiendo ella misma las tareas.

Cuestionaron además el fallo que procesó a Chiossi, a quien describen como un “funcionario de línea y no político”, y sostuvieron que la defensa del funcionario lo recurrirá ante la Cámara de Casación. Dijeron que fue procesado “por el solo hecho de registrar algunas comunicaciones telefónicas, hecho que, como es lógico, sucede con la mayoría de prestadores de servicios, debido a su cargo y función”. Y afirmaron que “se ha vulnerado de manera flagrante el principio de congruencia y violado el derecho de defensa en juicio del funcionario en la medida que fue procesado por un hecho y calificación legal distinto de aquel por el cual fuera indagado”.

Originalmente el caso investigaba un tráfico de influencias; según el gobierno porteño, de influencias que Bustos no tenía.

Si los procesamientos se confirman, la causa será elevada, y Bustos y Chiossi enfrentarán un juicio oral.