El fiscal federal Diego Luciani comenzará hoy, a las 8.30, a exponer su alegato en el juicio oral de la causa Vialidad, en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a un conjunto de exfuncionarios nacionales y provinciales de adjudicar irregularmente contratos de obras públicas a Lázaro Báez durante los primeros tres gobiernos kirchneristas. Será la primera de las nueve audiencias que le concedió el Tribunal Oral Federal 2 al fiscal para exponer sus argumentos. En los tribunales de Comodoro Py dan por sentado que Luciani pedirá penas para todos los imputados.

Cristina Kirchner escuchará la acusación desde su despacho en el Senado. Por protocolo, es obligatorio que las partes acusadas estén frente a los acusadores cuando estos exponen el alegato. En este caso, como la modalidad del juicio es vía Zoom, la vicepresidenta deberá encender su cámara cuando comience la exposición. Una vez finalizado el alegato fiscal, la vicepresidenta y los otros 12 acusados podrán defenderse antes de que el tribunal comience a deliberar el sentido de su sentencia. Los jueces son Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Esperamos las conclusiones del fiscal. Las vamos a estudiar y vamos a dar una respuesta a los cargos que efectúe. Creo que las pruebas que se incorporaron al juicio durante tres años de debate son más que suficientes para descartar la existencia de cualquier delito”, dijo el abogado de la vicepresidenta, Alberto Beraldi.

Según la acusación que formularon los fiscales cuando elevaron este caso a juicio oral, Cristina Kirchner lideró una asociación ilícita que direccionó obra pública vial a favor de Báez, que ganó licitaciones que le permitieron hacerse de cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz por más de 46.000 millones de pesos. Además, hubo según los acusadores licitaciones fraguadas en las que competían entre sí distintas empresas de Báez, que solo cumplió a tiempo con dos de las 51 obras que se le adjudicaron, y 24 nunca fueron terminadas. Sobre los avances de las obras y la presunta existencia de sobreprecios se expidió un conjunto de peritos, uno oficial y otros dos designados por la fiscalía y las partes, que obtuvieron conclusiones disímiles.

El perito ingeniero oficial y el de la fiscalía indicaron que existieron sobreprecios de entre 170 y 200 millones de dólares en la confección de los pliegos de oferta de las obras analizadas. La perito de parte de los acusados, Adriana Alperovich, señaló lo contrario.

Los fiscales que investigaron la causa en primera instancia consideraron que Cristina Kirchner es responsable por estos hechos en carácter de jefa de una asociación ilícita porque cuando asumió su primer mandato como presidenta continuó con la matriz montada por Néstor Kirchner y mantuvo a los funcionarios que estaban encargados de llevar adelante las gestiones para que Báez se enriqueciera. No obstante, demostrar la responsabilidad penal de la vicepresidenta en estos hechos es un desafío para la fiscalía, ya que no fue nombrada por los testigos y el manejo de las partidas presupuestadas es una tarea propia de los jefes de Gabinete.

“Son hechos de corrupción vía actos administrativos, pero si se miran los hechos en relación con las causas Hotesur y Los Sauces, en los que el dinero después vuelve al matrimonio Kirchner, se puede probar la maniobra”, opinó un funcionario que debió intervenir en instancias anteriores en este expediente.

Aunque Luciani tiene nueve audiencias para respaldar sus pedidos con prueba y ya le contestó al tribunal que hará uso de todas ellas, se espera que la de hoy sea la más vehemente.

Luciani es el único acusador que queda en pie en este juicio. La Oficina Anticorrupción (OA) desistió de su rol de querellante y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de Cristina Kirchner, Báez y los exfuncionarios nacionales. El organismo antilavado que conduce el abogado Juan Carlos Otero tenía tres audiencias para alegar pero usó una sola.

El Tribunal Oral Federal 2 planea dictar su veredicto antes de fin de año. Cuando termine de exponer Luciani llegarán los alegatos de las defensas y luego los jueces fijarán una fecha para dar a conocer la sentencia. Antes de leerla, las partes podrán decir sus últimas palabras. La sentencia será revisada por la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal. La última instancia es la Corte Suprema, que el mes pasado rechazó todos los recursos de las defensas para frenar el juicio. En un video difundido hace dos semanas, Cristina Kirchner cuestionó una vez más al Poder Judicial y acusó a los jueces de tener la sentencia “escrita y firmada”.