Al menos siete de cada diez personas que mes a mes acceden, en razón de su edad, a una prestación gestionada por la Anses, lo hacen habiendo llegado a la etapa de retiro laboral sin cumplir con el requisito de contar con 30 años de aportes que rige en el sistema general de previsión social. En ese grupo están quienes logran una prestación del régimen contributivo en virtud de su adhesión a una moratoria, y quienes acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por ley en 2016 y equivalente al 80% del haber mínimo. La posibilidad de ingresar a los planes subsidiados de pago de aportes, con cuotas que se descuentan del haber mensual, se va restringiendo con el tiempo y es diferente para mujeres y varones.

Según los últimos datos del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, en el primer semestre de este año, de 178.205 jubilaciones dadas de alta, el 64%, es decir, algo más de 114.000, correspondió a casos con moratoria. Y en todo 2021 accedieron a una prestación por la vía de ese recurso casi 211.000 personas, el 69% de las 305.736 que obtuvieron el alta de su jubilación. Ese año, además, se dieron 56.322 PUAM, de las cuales solo 2,2% fueron para personas que tenían 10 o más años de aportes. Así, del universo de nuevos beneficios otorgados en 2021 –362.058 entre las jubilaciones y las citadas prestaciones no contributivas–, el 74% correspondió a quienes no habían acumulado 30 años de aportes. En 2019 esa participación fue de 68,5% y en 2020, de 65,5%.

Una razón por la cual el año pasado creció la participación de las altas en el sistema contributivo de jubilaciones con moratoria (y el número de altas en general) es la instrumentación de una política que les permite, solo a las mujeres, contar entre uno y tres años de aportes por cada hijo. Según anunció la Anses, a un año de implementada la medida se otorgaron 180.000 beneficios que incluyeron ese reconocimiento.

Los datos citados son un fuerte reflejo de un problema estructural de la Argentina: la persistencia de una muy alta informalidad laboral, vinculada con la pobreza, que coexiste con un sistema previsional rígido en sus requisitos. No se contemplan, por caso, prestaciones proporcionales si hubo aportes por una determinada cantidad de años (sin llegar a 30). Incluyendo a asalariados y cuentapropistas, la mitad de los trabajadores no está registrado, según datos del Instituto Torcuato Di Tella, basados en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Las moratorias, en ese contexto, plantean una salida que tiene un diseño más adecuado para una cuestión temporal. Y esquivan, por tanto, dar solución del problema de fondo, para el cual tampoco hubo, hasta ahora, una política efectiva.