De regreso de su visita por Estados Unidos, adonde se entrevistó con empresarios y funcionarios del más alto calibre norteamericano, Sergio Massa retoma su agenda doméstica y, con ella, las vicisitudes de una economía en crisis. Además de las tensiones por la brecha cambiaria y la inflación, el ministro de Economía ya siente la presión que comenzaron a ejercer sectores del Frente de Todos para que el presupuesto 2023, que se anticipa de ajuste, no los afecte en un año electoral.

Massa presentará el proyecto de ley de presupuesto el próximo jueves en la Cámara de Diputados. Según dejaron trascender fuentes de la cartera económica, la premisa será cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre las que se destacan una reducción del déficit al 1,9% del PBI –0,6 puntos porcentuales menos del 2,5% previsto para este año-, además de una reducción de la emisión monetaria del 1% actual al 0,6% del PBI. En buen romance, el Gobierno mantendrá su política de recorte del gasto público pese a que el Frente de Todos dará inicio a un año electoral clave para su supervivencia.

El mensaje inquieta a gobernadores, intendentes y legisladores peronistas que en 2023 deben renovar votos para continuar en el poder y no parecen dispuestos a inmolarse en la hoguera del ajuste. Los mandatarios provinciales exhiben mejores números macroeconómicos que la Nación -casi todas las provincias tienen superávit primario- y, con ese argumento, advierten que ya hicieron su parte y que rechazarán cualquier intento del Gobierno de utilizar las transferencias que les gira la Nación como variable de ajuste del gasto público.

La advertencia quedó explícita en las sucesivas reuniones que mantuvo en las últimas semanas la resucitada liga de gobernadores peronistas. El jueves último fue el turno de los mandatarios del Norte Grande; el día anterior se encontraron los de la Región Centro y hace una semana la liga peronista: todos coincidieron en que, de cara a la discusión del próximo presupuesto, reclamarán un reparto más equitativo de los subsidios nacionales –con foco en la energía y el transporte-, como también la continuidad de las obras públicas en marcha y de las transferencias corrientes para atender las demandas sociales.

A ellos se suma el reclamo que todos los años, sin excepción, formulan los gobernadores de las 13 provincias cuyas cajas de jubilación no fueron transferidas a la Nación. Esa omisión genera déficits que, en muchos casos, constituyen un talón de Aquiles para las finanzas provinciales. La cuestión se abordó entre los gobernadores de la Región Centro Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), que coincidieron en que reclamarán a la Anses la urgente actualización del monto de sus transferencias, ya que la última actualización data de 2019.

Los diputados schiarettistas impulsan un proyecto para que se siga la movilidad previsional. Si fuera así, el monto que transferiría la Anses a la Caja cordobesa sería de unos $3.200 millones mensuales en función del déficit de 2019, en cambio es de $1000 millones.

Asimetrías

El debate del presupuesto 2023 se dará en un contexto en el que en la macroeconomía nacional hay señales de alerta para las provincias. En agosto, después de ocho meses de crecimiento, la coparticipación cayó 2,2% en términos reales, mientras que el giro de transferencias no automáticas comenzó a desacelerarse (este es uno de los rubros sobre los que el FMI puso el acento a la hora de emprender el recorte del gasto).

El “dólar soja”, que sirve para sacar de apuros a la Rosada en la acumulación de reservas, genera asimetrías en el “efecto derrame” entre las provincias productoras de oleaginosas y el resto; también permitirá mejorar la recaudación por retenciones, un impuesto que no se coparticipa.

El gasto de capital –obras públicas- sufrió una poda de $128.000 millones con la última decisión administrativa del Ministerio de Economía. Los gobernadores encendieron las alarmas y reclaman que el año próximo no se interrumpan las obras que ya están en ejecución: mantener en marcha la política de infraestructura es clave para sus ambiciones electorales.

Los números del reclamo

Los mandatarios del Norte Grande pusieron en números sus demandas: reclamarán que en el presupuesto 2023 se incluya un artículo en el que se garantice que durante 15 años se asigne una inversión no menos del 40% del presupuesto a obras públicas en la región contabilizando las fuentes nacionales e internacionales. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, presente en el encuentro con los gobernadores, prometió que se tomará nota del reclamo.

No fue la única petición: le reclamarán a Massa la puesta en marcha de un plan de subsidios de carácter diferencial para el Norte, ya que la región, por su condición de electrodependiente, ostenta el mayor consumo promedio de energía respecto del resto del país.

La propuesta, que los mandatarios delegarán en sus legisladores en el Congreso, consiste en la asignación de techos de consumo diferenciales: 750 kW para toda la región en verano (de noviembre a marzo); 550 kW para el NEA en invierno, el mismo volumen para todos los consumidores del NOA que no tienen acceso a la red de gas y 400 kW (el fijado, hasta ahora, para todo el país) para quienes cuentan con gas natural. También piden tener en cuenta la diferenciación de tarifas urbana y rural, residencial y no residencial.

“El 40% de los subsidios energéticos están dirigidos al AMBA mientras que el Norte Grande participa con el 18% -enfatizó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hombre del riñón kirchnerista-. Esta distorsión resulta a todas las luces injusta e insoportable para nuestros comprovincianos.”

Otra cuestión que hermana a los distintos gobernadores, más allá de sus diferencias políticas y partidarias, es la inequidad en los subsidios del transporte que reparte la Nación entre la zona metropolitana y las provincias. La asimetría marca que el AMBA se lleva alrededor del 75% del total, mientras que el interior solo recibió el 15%.

“El nivel de disparidad en la distribución de los subsidios es monumental. Hemos presentado varias iniciativas para corregir esta inequidad y establecer un mecanismo equilibrado en el reparto; con este sistema seguimos subsidiando a Buenos Aires y la Capital mientras que nosotros pagamos tarifas muy superiores”, se queja el diputado Roberto Mirabella, hombre del gobernador Perotti en la Cámara baja.

“Por supuesto que vamos a plantear la cuestión de los subsidios al transporte del interior”, dijo el diputado riojano Sergio Casas, también del Frente de Todos. Exgobernador de su provincia, Casas volverá a la carga, como todos los años, para reclamar el punto de coparticipación que le corresponde a La Rioja. Como él, distintos gobernadores tienen demandas particulares para sus terruños que plantearán, también, en la discusión del presupuesto.

“Para mi provincia es clave que se instale una zona aduanera franca”, anticipó el misionero Diego Sartori, del Frente de la Concordia, un bloque aliado clave del oficialismo. Desde Río Negro, otro aliado también alza su voz. “Si a los productores de la región centro se los beneficia con el ‘dólar soja’, nosotros pretendemos un tipo de cambio similar para las economías regionales”, plantea Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro).

Massa conoce bien cómo funciona esta dinámica de demandas sectoriales. Mientras se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados ofició de catalizador de los reclamos de los gobernadores peronistas ante la renuencia del exministro de Economía Martín Guzmán de abrir el grifo del gasto en el presupuesto. Paradojas de la política, ahora le toca a Massa ubicarse al otro lado del mostrador y cumplir el papel de censor.