Los jueces armaron una agenda con asuntos comerciales, tributarios y civiles; la sentencia de fondo en el caso de la coparticipación federal de la Ciudad no se resolvería en 2023, aunque sí los recursos del Gobierno.
A pasar de que estar bajo fuego del oficialismo con un juicio político vocinglero, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar afuera de su agenda de este año electoral los casos de alto impacto político que puedan afectar la marcha de los comicios o incidir en las decisiones de la ciudadanía, según revelaron fuentes de los tribunales.
Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estuvieron conversando sobre este asunto en su último acuerdo y pidieron un listado de las causas más sensibles y relevantes para analizarlas. Eligieron tratar aquellos casos de menor impacto político: causas civiles, comerciales, laborales, ambientales, tributarias, todas de relevancia jurídica, pero sin derivaciones electorales.
Claro está que esto no quita que deban intervenir -como tribunal de última instancia- en asuntos electorales, si es que les llegan por los recursos planteados por candidatos o fuerzas políticas antes de las elecciones de octubre próximo.
La Corte Suprema dictó a fin del año pasado una medida cautelar en la que dispuso que la Nación debe pagarle 1100 millones pesos diarios a la Ciudad en concepto de coparticipación federal, tras la quita que en 2020 le aplicó por decreto el presidente Alberto Fernández, que derivó esos fondos al gobierno de Axel Kicillof, para pagar un aumento a los policías de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno nacional argumentó que la presidencia de Mauricio Macri había beneficiado en exceso a la Ciudad al aumentar la coparticipación para sufragar los gastos del traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. Tras la quita de fondos, que primero se plasmó en un decreto y luego en una ley, la Ciudad reclamó y la Corte le dio la razón, en parte y de manera provisoria, hasta que resuelva el fondo del caso.
Ahora, la Corte Suprema debe dictar la sentencia definitiva, que en la práctica recoge situaciones similares a las que ya resolvió cuando le dio la razón en sus reclamos a las provincias de San Luis y de La Pampa, y de Santa Fe, San Luis y Córdoba, durante el Gobierno de Macri.
A pesar de que las solución cuenta con precedentes, los jueces prefirieron autoexcluir el asunto de este año electoral y pasar la decisión al próximo. De todos modos, hay algunos recursos a resolver: la recusación que realizó el Gobierno nacional de todos los jueces de la Corte Suprema, el pedido de revocatoria in extremis que hizo el Gobierno para dar marcha atrás con la medida cautelar y la solicitud de embargo sobre las cuentas del Estado que realizó la Ciudad para cobrar de la Nación fondos frescos, y no bonos, que es lo que ahora ese está depositando. Estos recursos, con menos trámite que el fallo de fondo, sí podrían resolverse.
La decisión es no responder con fallos a la embestida del Gobierno. “No corresponde, es como decir que para acabar con los caníbales, me los como. No es posible juzgar con un sentido de venganza”, señalan los conocedores del sentir de los jueces de la Corte Suprema.
En la Corte Suprema, esta tónica de evitar los casos de alto impacto político en año electorales no es nueva, sino que es una costumbre que viene aplicando. Y este año no fue la excepción, a pesar de que semana a semana se desarrollan las audiencias en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Los jueces siguen lo que se dice en la comisión, algunos directamente y otros a través de sus colaboradores. Asombrados por lo que sucede en el Congreso, no dan crédito al tono de las audiencias y las declaraciones que se escuchan, cercanas al “bodrio”, según se comenta en los tribunales.
No pasa inadvertida en el Palacio de Justicia la convocatoria que realiza el kirchnerismo duro para reconducir el acto del 24 de marzo por Memoria Verdad y Justicia, previsto en la Plaza de Mayo, para hacerlo concluir en la Plaza Lavalle, con el declamado propósito de los kirchneristas más exaltados en redes sociales de atacar a los tribunales. El asunto de la seguridad del lugar el viernes próximo es un tema que está en mente de la Corte.
El mundo judicial no tiene dudas de que la estrategia es desgastar a la Corte, para así sostener el relato de la proscripción y el lawfare contra Cristina Kirchner. Ya lo dijo Oscar Parrilli: “No puede haber elecciones con Cristina proscripta”, y abundó: “Nadie va a poder gobernar, habiendo ganado las elecciones, con una proscripción”. Y remató: “Tenemos que lograr que Cristina sea absuelta”.
En los tribunales miran con preocupación el rumbo del Gobierno y la interna del Frente de Todos, como una “bomba” que si explota no solo deja a Alberto Fernández como único responsable, mientras el kirchnerismo y La Cámpora buscan evadir su responsabilidad, sino que además provoca un perjuicio para todo el país.
