El Gobierno envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas, a la espera del tercer día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados que arrancará en instantes.

La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos, atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista. En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

Por otro lado, el nuevo capítulo se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar “empresa por empresa” las privatizaciones.

Para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca. En tanto, señala que la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y la AGN (Auditoría General de la Nación) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.

El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.

El debate continuará con más de 30 oradores y estiman que la votación en general será hoy cerca de las 17. En las filas de la oposición entienden que el Gobierno optó por postergar la votación en general para continuar negociando y para no correr el riesgo de no poder volver a reunir el quórum para la votación en particular.