El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, se defendió en respuesta a los últimos dichos del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien acusó a su par argentino Javier Milei de ser “un malparido nazi fascista”: “El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes”.

En el mismo sentido, apuntó que espera que en el país caribeño “se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas participantes” en los comicios que se realizarán el domingo que viene.

Adorni recordó, además, los principales puntos del comunicado que el viernes Argentina había firmado junto a Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay sobre el proceso electoral venezolano. La Cancillería, a cargo de Diana Mondino, había anunciado el regreso de Argentina a la denuncia hecha en 2018 en la que se pedía a la CPI (Corte Penal Internacional), con sede en La Haya, para que se investigara al régimen de Caracas por la sistemática violación de derechos humanos. Esa denuncia la había retirado Alberto Fernández en marzo de 2021.

“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el viernes el ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.

Allí también se exige “el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos. De igual forma, exigimos al gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, en particular en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas”.

Esa demanda había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, en ese entonces gobernada por Mauricio Macri, en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Sin embargo, en marzo del 2021 la gestión de Alberto Fernández retiró su apoyo a la demanda, el mismo día que anunció su salida del Grupo de Lima, un foro regional alineado con Estados Unidos. En ese momento, el gobierno argentino sostuvo que la salida de ese bloque regional se debió a “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima” que había llevado a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”. La decisión fue recibida con beneplácito por las autoridades venezolanas.

Para realizar la denuncia durante nueve meses hubo expertos internacionales independientes convocados por la OEA que recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de derechos humanos. El informe que constó de de 489 fojas analizó también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.

El documento incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Entre sus conclusiones, el informe señaló que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.