La solicitud para la convocatoria al recinto será realizada por el bloque oficialista, bajo la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni. No obstante, en el Congreso hay temores de que la situación relacionada con Adorni retrase la estrategia legislativa del Gobierno.
Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dirigido por el legislador Bertie Benegas Lynch, el oficialismo recibió el apoyo de bloques aliados como la UCR, el PRO, y fuerzas provinciales.
Este último bloque, representado por el diputado Eduardo Falcone, introdujo un añadido que favorece a las industrias locales: se propone un plan de desarrollo de proveedores nacionales e incentivos para la inversión en investigación y desarrollo. La cláusula estipula que al menos el 20% de los pagos a proveedores debe ser destinado a proveedores locales.
El dictamen de mayoría reunió 61 firmas, destacándose el respaldo de representantes de Innovación Federal, que están alineados con los gobernadores de Salta y Misiones; del bloque Independencia, vinculado al tucumano Osvaldo Jaldo; así como de José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan.
En contraposición, la bancada de Unión por la Patria, liderada por Germán Martínez, expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que el proyecto implica “una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo”, y recordó el desacuerdo del Congreso con las facultades pedidas por Javier Milei durante la discusión de la Ley Bases.
Desde Provincias Unidas, el radical Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón también firmaron un dictamen de minoría, criticando el programa del Gobierno. Afirmaron que “la Ley Bases, con el RIGI, estipula qué sectores económicos serán favorecidos, otorgándoles beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros, así como estabilidad por 30 años y jurisdicción judicial lejana a los jueces argentinos”.
El Frente de Izquierda también se opuso a la medida a través de los diputados Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.
El Poder Ejecutivo, mediante este nuevo régimen, busca impulsar el desarrollo económico, aumentar las exportaciones de bienes y servicios, y fomentar la generación de empleo. Además, pretende coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades competentes en temas de recursos naturales, así como fortalecer las cadenas de producción relacionadas con estos proyectos.
La propuesta tiene como objetivo atraer inversiones significativas en sectores tecnológicos y otras actividades que actualmente carecen de desarrollo en el país, estableciendo un mínimo de inversión de 1000 millones de dólares.
Con el fin de obtener la sanción de la Cámara de Diputados antes de ser revisada en el Senado, se establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, considerado super-RIGI. Esta normativa tiene como meta ofrecer incentivos y estabilidad legal a proyectos de inversión enfocados en el desarrollo de nuevas actividades económicas.
La ley se aplicará en todo el territorio nacional, aunque para acceder a los beneficios, será indispensable la adhesión integral de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, y los municipios correspondientes. Sin dicha adhesión, no se podrán otorgar los estímulos previstos.
Según el oficialismo, la norma está diseñada para generar condiciones de previsibilidad y estabilidad destinadas a atraer nuevas iniciativas de gran escala en industrias actualmente no desarrolladas o en fase experimental.
Otro objetivo clave es estimular la demanda de insumos, servicios y recursos especializados que impulsen la evolución de sectores relacionados con las grandes inversiones en nuevas industrias.
El desarrollista Eduardo Falcone valoró que se haya incorporado una cláusula para fomentar la participación de empresas nacionales en los proyectos abarcados por el régimen. “Solicitamos incluir una cláusula de desarrollo de proveedores locales como la que ya figura en el RIGI, que especifica que el plan de negocios debe contemplar una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales”, declaró.
Asimismo, La Libertad Avanza logró también dictaminar el acuerdo de conciliación alcanzado entre Bainbridge Ltd. y la Argentina, así como el entendimiento con el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund. Este despacho de mayoría consiguió 42 firmas.
Durante el plenario, expusieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Stampalija.
Este acuerdo, que debe ser ratificado por el Congreso antes del 30 de junio y ya cuenta con la aprobación del Senado, contempla un pago de 171 millones de dólares para resolver litigios vinculados al default de 2001 y pretende cerrar un capítulo judicial para la nación.
El encuentro en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia también estuvo marcado por tensiones entre las distintas fuerzas políticas. La diputada libertaria Silvana Giudici contestó a los cuestionamientos de Unión por la Patria sobre las ganancias que obtendrían los llamados fondos buitre, planteando que “hay que mencionar las pérdidas que todos los argentinos tuvimos que soportar por una política económica que nos llevó a la quiebra y a una pobreza del 50%. Desde 2003, este Congreso ha sido testigo de políticas económicas erráticas que nos han dejado con un juicio a YPF que este Gobierno logró resolver”.
El acuerdo final se selló ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y los bonistas ausentes en el canje de deuda de 2016, bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska. Este caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores liderado por Attestor, quienes cuentan con sentencias firmes contra la Argentina debido a la cesación de pagos posterior al default. El convenio establece un pago único de 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones al grupo Attestor, además de suspender litigios vinculados a los bonos incluidos y evitar nuevas acciones legales relacionadas con la deuda pública emitida antes del 1 de enero de 2002, garantizando al mismo tiempo el derecho de las partes a mantener posiciones respecto de resoluciones anteriores.
