La iniciativa busca eliminar la vigilancia estatal sobre la organización interna de las sociedades, estableciendo que las normativas se conviertan en supletorias, es decir, el estatuto de la empresa prevalece.
La reunión está programada para las 15.30 en la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Nadia Márquez, con la intención de llevar adelante una conferencia en la cual se brindarán detalles sobre esta modificación a la legislación vigente desde 1972.
Sturzenegger estará acompañado por Paula Taddei Farfán, Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y Alejandro Ramírez, Inspector General de Justicia.
Uno de los aspectos destacados de la reforma es la creación de la “Sociedad Automatizada”, que podrá operar utilizando algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de empleados para su funcionamiento diario, así como las “DAO”, que son organizaciones autónomas en su totalidad o en parte, que utilizan tokens y registros en blockchain.
El proyecto estipula que las restricciones impuestas por el Estado serán excepcionales y de interpretación restrictiva, prohibiendo a los registros públicos emitir resoluciones que limiten el alcance de la ley. También se prevé la eliminación de barreras burocráticas en los registros. El objeto social podrá ser amplio y diverso, sin requerir conexión entre actividades.
Además, se contempla que las sociedades podrán optar por someter sus disputas internas a legislaciones extranjeras o del comercio internacional, e incluir cláusulas de arbitraje en sus estatutos para resolver conflictos sin depender de la lentitud del sistema judicial.
La digitalización de la sociedad será total, permitiendo el uso de domicios electrónicos, libros y registros digitales, asambleas virtuales, la constitución de la empresa a través de firma digital o electrónica y la creación de un legajo digital público para cada entidad.
Este aspecto es fundamental para las empresas que operan en plataformas, estructuras remotas o equipos descentralizados, adecuando el marco legal a una realidad donde la presencia física ya no es el único modo de operación empresarial.
Asimismo, el proyecto amplía las modalidades de aportes, permitiendo bienes, derechos, créditos, activos digitales y prestaciones que sean valorables económicamente, en función del tipo de sociedad y la normativa aplicable. Así, se busca reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos o digitales, que son cruciales en la economía contemporánea, tal como se detalla en los fundamentos de la propuesta.
