La provincia, bajo la gobernación de Martín Llaryora, presentó toda la información exigida por la legislación nacional. Esto incluye la publicación del Presupuesto para 2026 y los datos sobre la ejecución de gastos, la deuda acumulada y la plantilla de personal hasta el cierre del ejercicio 2025. Su rendimiento la posiciona en el Grupo I de la clasificación, un grupo que comparte únicamente con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Los datos recopilados indican que Córdoba cumplió con la presentación del presupuesto correspondiente, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el desglose de gastos por finalidad y función, el monto total de la deuda pública y los niveles de ocupación en el sector público con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.
El análisis se basa en una evaluación realizada durante los primeros quince días de abril de 2026 sobre los sitios web oficiales de las provincias. El informe de ASAP señala que “se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos)”. En comparación con marzo de 2025, la disminución es de 6,8 puntos.
A nivel nacional, solo siete jurisdicciones lograron mejorar su puntuación en relación al semestre previo, mientras que otras siete sufrieron caídas y ocho mantuvieron sus puntajes sin cambios. Entre las mejoras más destacadas se encuentran Tucumán, que aumentó 55 puntos, y Santa Cruz, con un incremento de 45 puntos.
Las caídas más pronunciadas fueron detectadas en Tierra del Fuego, que perdió 60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro, ambas con descensos de 55 puntos.
La evaluación de la ASAP clasifica a las provincias en cinco categorías de cumplimiento: estricto, alto, intermedio, bajo y nulo. El informe también menciona que “no se registran provincias en el Grupo V, que representa aquellas que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos”.
Cabe destacar que el análisis excluye a las provincias de La Pampa y San Luis, ya que no están adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
