Adorni señaló que a principios de 2025 contaba con un total en dólares de $ 400.241.404. No obstante, al finalizar el período, esa cifra en efectivo fuera del sistema financiero formal se redujo a $ 303.604.357,92.
Cabe destacar que estos detalles son consistentes con lo que expresó en una entrevista, donde el funcionario admitió no haber declarado activos por u$s 500.000 correspondientes a inversiones en criptomonedas.
En este contexto, el experto tributario Sebastián Domínguez aclaró cómo este esquema puede ser ventajoso para personalidades de alto perfil como Adorni. Las ventajas, según Domínguez, son de índole tributaria, aunque no afectarían el desarrollo de la causa penal que lo involucra.
En diálogo con un medio de comunicación, el especialista expuso que el régimen no solo ofrece cierta facilidad operativa, sino que también brinda una protección importante hacia el pasado. «A Adorni le sirven dos aspectos de este régimen. Primero, la declaración jurada simplificada, que es menos compleja de realizar», indicó.
Además, explicó que en este marco se solo deben reportar ingresos, gastos y deducciones; el impuesto se calcula sin necesidad de revelar el patrimonio al inicio o al cierre del año, ni el monto consumido.
Uno de los elementos más relevantes del nuevo esquema es el denominado «tapón fiscal», un beneficio que impide a la autoridad tributaria examinar años previos siempre que el contribuyente cumpla con sus obligaciones actuales.
Domínguez destacó que al adherirse, ARCA debe asumir que la declaración presentada es precisa. «Esto tiene efectos retroactivos, y ARCA no podrá fiscalizar años anteriores. También considerará válidas las declaraciones de IVA hasta diciembre de 2025 y las declaraciones de Ganancias de los años 2020 a 2024”, explicó.
Sin embargo, advirtió que esto no exonera al funcionario de la revisión de Bienes Personales, donde no aplica esta liberación.
A pesar de las ventajas tributarias, el experto enfatizó que la adhesión al régimen simplificado no proporciona un “paraguas” en el ámbito penal. Como funcionario público, Adorni enfrenta dos responsabilidades: la fiscal ante ARCA y la patrimonial ante la OA.
“En lo que respecta a la declaración para la Oficina Anticorrupción deberá detallar su patrimonio. Dado que en el régimen simplificado no se reportan activos, Adorni o su contador deberán cargar manualmente toda la información, ya que no existe una declaración ante el fisco que la contenga”, advirtió el tributarista.
Si se diera el caso de que el funcionario fuera objeto de una investigación judicial relacionada con su patrimonio, Domínguez subrayó que los beneficios tributarios no ofrecen protección procesal. «No proporcionará ningún beneficio en la causa penal. En el ámbito penal, el juez evaluará la situación de Adorni como prueba. Si se requiere que demuestre la adquisición de un bien o un gasto específico, deberá hacerlo ante el tribunal», precisó.
Respecto a la posibilidad de que el funcionario posea ahorros en criptoactivos no declarados, el especialista apuntó que el «tapón fiscal» podría tener relevancia, siempre que se justifique el origen lícito en el ámbito judicial.
“Si logra demostrar que los fondos se encontraban en una cuenta a su nombre en el extranjero desde 2022 (antes de asumir su cargo), podría justificar penalmente esos fondos, y ARCA no podría ajustar ni el IVA ni Ganancias debido al tapón fiscal», concluyó Domínguez. Sin embargo, resaltó la complejidad técnica de demostrar la titularidad de activos en billeteras frías o «cold wallets».
