El Gobierno plantea que sean las provincias las que determinen los límites, centrando el debate en la eliminación del 15% de restricción nacional promulgada por la Ley 26.737, creada para limitar la extranjerización de tierras rurales.
Carrió comunicó sus inquietudes a través de un documento distribuido por la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz, que advirtió que la propuesta gubernamental permitiría a actores extranjeros acceder al territorio argentino mediante decisiones arbitrarias del poder político. Este texto cuenta con la firma de 75 personas, incluyendo referentes de la Coalición Cívica-Ari y ex legisladores.
En su documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, el grupo encabezado por Carrió sostiene que la reforma altera el marco normativo actual y busca “eliminar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras”.
De este modo, los interesados ya no estarían sujetos a las normativas existentes, como el límite del 15% de propiedad extranjera y el tope individual de 1.000 hectáreas en la región núcleo. Asimismo, cuestionan la eliminación de restricciones sobre inmuebles en zonas fronterizas y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la compra de tierras en áreas de seguridad fronteriza a que el comprador fuera de nacionalidad argentina nativa. Carrió destacó: “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”.
El posicionamiento catalogó esta situación como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe otorgar facultades extraordinarias que puedan comprometer “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos a merced de gobierno o persona alguna”. También advirtió que “quienes apoyen esta reforma estarán autorizando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites cuantitativos y en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional ante Estados extranjeros”.
En un apartado adicional del documento, Carrió subrayó la relevancia de considerar “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”, haciendo referencia a la relación con el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien desde hace años busca establecer espacios de autonomía frente a la política democrática.
Ante esta situación, los autores del documento defendieron la necesidad de establecer una regulación sobre la tierra que distinga entre la apertura económica y la entrega de jurisdicción.
