En este nuevo episodio de la tensión entre ambas figuras, Villarruel se opuso a la propuesta de Bullrich de abrir el Senado la semana próxima para analizar el retrasado proyecto de propiedad privada, la llamada ley Hojarasca, y los pliegos judiciales.
Bullrich pretendía demostrar que, tras la renuncia de Manuel Adorni, la Cámara de Senadores había reactivado su actividad, según informaron fuentes de la actividad parlamentaria.
Sin embargo, sus planes se vieron frustrados ayer por la tarde cuando Villarruel programó la reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles próximo a las 12, justo antes del feriado, según indica la resolución firmada por el secretario parlamentario, Agustin Gustinian.
No es la primera ocasión en que surgen desavenencias entre Villarruel y Bullrich; las controversias han sido constantes desde que esta última se unió a las filas de la Libertad Avanza. Bullrich admitió que no podrá cumplir su objetivo de que se sesione el 8 de julio, ya que la vicepresidenta «mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después».
Otro factor que complica la programación es que algunos senadores, como la tucumana Beatriz Ávila, deberán regresar a su provincia para participar de la vigilia del 8 de julio, que precede a las celebraciones de la Fiesta de la Independencia.
De tal manera, la sesión se llevará a cabo entre el 15 y 16 de julio, aunque la fecha definitiva se acordará en la reunión de Labor Parlamentaria.
El principal asunto en la agenda de la primera sesión será el proyecto de propiedad privada, que incluirá modificaciones a la propuesta gubernamental que busca eliminar las restricciones para que inversores extranjeros puedan adquirir tierras rurales, de acuerdo a lo que han indicado fuentes parlamentarias.
En la versión número 12 del dictamen se ha mantenido la prohibición de que un Estado argentino adquiera tierras, así como que empresas privadas con capital extranjero puedan hacerlo. En el caso de las áreas fronterizas, se requerirá no solo la aprobación de las provincias y del Gobierno, sino también del Congreso Nacional.
La iniciativa del Gobierno también contempla reformas a la legislación sobre desalojos, expropiaciones y el manejo del fuego. Diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida ha sufrido modificaciones significativas, incluyendo la eliminación del capítulo relacionado con cambios en la ley de barrios populares, así como revisiones a los apartados que abordan la extranjerización, las expropiaciones y los desalojos.
La Libertad Avanza busca además la aprobación de siete pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra una prórroga de cinco años para el camarista Víctor Pesino, quien necesita el respaldo del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir 75 años el 27 de julio.
Por su parte, el oficialismo pretende avanzar con el proyecto de ley de Hojarasca, que derogaría alrededor de 70 normativas consideradas obsoletas debido a los avances tecnológicos, incluyendo la ley 20.120 que impone a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados la obligación de avisar con anticipación, lo que constituye una infracción a la libertad personal.
También se busca eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios radiales y televisivos a destinar al menos 60 minutos diarios a contenido de interés turístico nacional.
