El conflicto tiene una dimensión tanto fiscal como política. Desde La Plata, se señala a Milei como el principal responsable de esta decisión, al tiempo que se busca presionar a Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete y posible candidato a gobernador bonaerense en 2027. Los allegados a Kicillof interpretan que Santilli no puede posicionarse como defensor de los intereses de la provincia si, en su rol previo como ministro del Interior y ahora desde la Jefatura de Gabinete, no intercede para desbloquear obras que requieren una aprobación del Gobierno nacional.
Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco afirmó: “Santilli no nos contestó el WhatsApp, ni la nota formal en la que le pedimos una reunión”. Asimismo, lanzó una crítica al gobierno de Javier Milei, argumentando que este “gobierna solo con los amigos a quienes les ofrece cosas a cambio de votos”.
El reclamo se centra en los avales necesarios para que la Provincia acceda a préstamos de organismos internacionales. Bianco buscó desvincular esta solicitud del discurso fiscal que suele emplear la Casa Rosada, afirmando: “Ya ni siquiera nos pueden responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei de que ‘no hay plata’, porque en este caso no es plata del Gobierno nacional tampoco. Es financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales, y que solo requiere un aval por parte del Gobierno nacional”.
El funcionario también descartó que haya un impedimento técnico para que el Ministerio de Economía avance con las autorizaciones. Según sus declaraciones, la única condición para que Nación firme los avales es que el endeudamiento no supere el 8% del presupuesto provincial. Aseguró que los montos solicitados actualmente no alcanzan el 4% del total.
Con esta información, la Provincia refuerza la idea de un bloqueo político. “Es una decisión política entonces la de ajustar, no a la provincia de Buenos Aires o al gobernador, sino a los bonaerenses”, subrayó Bianco.
Bianco también se dirigió a Milei indicando que “hay una decisión política, que no responde a Toto Caputo, Santilli, Adorni ni, en su momento, a Guillermo Francos, sino que responde directamente al presidente Javier Milei, de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance a la provincia de Buenos Aires”.
Esta afirmación refleja la estrategia del gobierno provincial. Aunque el reclamo formal se dirige al Ministerio de Economía, la confrontación política busca redirigir la atención hacia el presidente y, simultáneamente, colocar a Santilli en una posición incómoda como un dirigente con ambiciones provinciales que no logra o no está dispuesto a intervenir ante Nación para facilitar el financiamiento de obras en el territorio que aspira a gobernar.
Bianco recordó que la disputa por los avales se suma a otros conflictos existentes entre la Provincia y la Casa Rosada, tales como el recorte de transferencias no automáticas y la suspensión de aproximadamente mil obras que, según la administración bonaerense, se estaban llevando a cabo con financiamiento nacional. Ahora, señaló que la Nación también retiene los avales necesarios para que Buenos Aires pueda acceder a créditos externos.
Un ejemplo emblemático es la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, que abarca a La Plata, Berisso y Ensenada. Esta obra requiere una inversión de 270 millones de dólares y, según la Provincia, ya cuenta con financiamiento comprometido por parte del BID. Sin embargo, para continuar, se necesita la firma de Luis Caputo. “Ni siquiera firma avales para que podamos tomar financiamiento internacional para hacer obras necesarias como la de afluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada” afirmó Bianco.
La administración bonaerense considera que esta obra es fundamental para resolver un problema estructural en la región. Sin embargo, el reclamo trasciende este único proyecto.
La lista de obras congeladas debido a la falta de avales nacionales incluye el túnel aliviador hacia el Río de la Plata y los conductos aliviadores, la segunda etapa del Acueducto Parque San Martín y obras complementarias, la ampliación de la capacidad del río Salado en los tramos V, etapas 1 y 2, así como la nueva planta potabilizadora y proyectos complementarios en la Región Capital, además de diversas obras hídricas e hidráulicas en la cuenca del río Luján y en varios municipios bonaerenses.
El conflicto ha llegado a la Justicia Federal, donde la Provincia obtuvo un fallo favorable del juez Alberto Recondo, quien estableció un plazo de diez días para que el Ministerio de Economía responda a los pedidos de aval presentados por la gestión de Kicillof. Según la denuncia del gobierno bonaerense, dicho plazo expiró sin que la administración de Milei brindara respuesta ni cumpliera con lo ordenado por el magistrado.
En La Plata, este silencio es interpretado como una señal política. El Gobierno provincial pretende dar a entender que Nación no solo recortó fondos y paralizó obras, sino que también está obstaculizando el acceso a financiamiento internacional, a pesar de que este no implica una erogación directa de recursos nacionales. En esta narrativa, Milei se presenta como el responsable de la crisis financiera, mientras que Santilli es visto como el funcionario que debería defender los intereses de la provincia, pero que, hasta ahora, según Bianco, ni siquiera ha respondido a un pedido de reunión.
