La inversión permitirá un incremento del 65% en las operaciones aéreas y ayudará a gestionar el creciente número de pasajeros que, entre enero y julio de este año, superó las 830.000 personas. La primera fase del proyecto comprende la apertura de un nuevo hall principal, la instalación de 32 puestos de check-in, una ampliación de 650 m² en el área de embarque doméstico, la construcción de nuevos edificios de soporte técnico y la llegada de varias marcas comerciales al aeropuerto.
Este desembolso se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la compañía, que ha destinado en los últimos cinco años más de US$ 1.000 millones en mejoras de terminales y pistas en todo el país. Durante la inauguración, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estuvo presente junto a la presidenta del Orsna, Noelia Ruiz, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y se destacó el impacto positivo que estas inversiones generarán en la economía local.
Ketchibachian subrayó que el desarrollo de estas obras actuará como un motor directo para el crecimiento del turismo y la economía regional, y adelantó que se avanzará con una segunda etapa de obras que se enfocará en la ampliación del área de embarque internacional, el sector de migraciones para llegadas y la creación de una nueva sala VIP para vuelos domésticos. Al finalizar el proyecto, se prevé que la superficie total de la terminal alcance los 16.160 m², lo que consolidará al aeropuerto salteño como uno de los principales nodos aerocomerciales en el norte argentino.
Durante la presentación de las obras, el gobernador Sáenz declaró: “No es solamente una puerta de entrada y salida a la provincia, sino una herramienta para el desarrollo económico y para generar nuevas oportunidades de inversión y empleo”.
Este anuncio se produce en un contexto de tensión que ha emergido públicamente entre Aeropuertos Argentina y el Gobierno, en donde la principal disputa gira en torno a la renegociación del contrato de concesión del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. Ambas partes sostienen posturas opuestas respecto a la revisión de la ecuación económica y las condiciones que permitirían extender o mantener los plazos de concesión.
El núcleo de esta controversia se basa en los reclamos recíprocos en torno a los márgenes de rentabilidad de la operadora privada y su plan de compromisos de inversión. Mientras que la compañía sostiene que ha cumplido con los desembolsos acordados en las prórrogas anteriores, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) intenta ajustar los términos contractuales y también la estructura tarifaria que rige la concesión.
Además, se ha señalado la paralización de nuevos proyectos de gran envergadura que, de acuerdo con la empresa, se llevarían a cabo en caso de lograr una ampliación del contrato. Los planes de expansión en infraestructura proyectados ascienden a unos US$ 600 millones en inversiones, las cuales dependerán de la resolución de aspectos críticos de la concesión y de un marco de certidumbre jurídica a largo plazo.
Desde la administración nacional, se han planteado advertencias sobre la posibilidad de imponer penalidades o revisiones de los derechos de explotación si no se logran acuerdos claros en relación con las metas operativas y de inversión.
El grupo concesionario justifica su postura en torno validez del esquema de subsidios cruzados y las inversiones realizadas, argumentando que el modelo actual ha sido fundamental para la modernización de las principales terminales de alto tráfico, así como de las estaciones del interior del país, que requieren igualmente de atención y recursos económicos necesarios para su desarrollo.
