En este sentido, el informe advierte que muchas de las propuestas legislativas podrían agravar la situación si limitan aún más la oferta de financiamiento. Un dato fundamental es la baja proporción del crédito en la economía argentina. Mientras que en Brasil y Chile el crédito bancario al sector privado representa aproximadamente el 75% del Producto Bruto Interno (PBI), en Argentina solo llega al 16%. Países como Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay y México muestran sistemas financieros significativamente más desarrollados.
Esta «baja capacidad para convertir ahorro en préstamos restringe la inversión, el consumo y el crecimiento económico», remarca el Ieral. El problema no se limita solo al volumen, ya que la estructura del crédito revela una marcada concentración en financiamiento de corto plazo.
En este contexto, se analizaron las 30 iniciativas legislativas presentadas en el Congreso, las cuales se agrupan en cuatro ejes principales: regulación de tasas y crédito responsable; programas de refinanciación y alivio masivo de deudas; creación de mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados; y fortalecimiento de la protección de los usuarios financieros frente a prácticas abusivas de cobranza.
En los hogares, el 54% del total del financiamiento corresponde a tarjetas de crédito (26%) y préstamos personales (28%). En comparación, los créditos prendarios constituyen solo el 5% y los hipotecarios el 35% del stock, cifra que se debe casi únicamente a préstamos UVA otorgados en años anteriores. Estos préstamos representan menos del 1% del PBI, muy por debajo del 28% que exhibe Chile y del 10% de Brasil.
En el ámbito empresarial, la situación es similar: el 41% del financiamiento proviene de documentos y un 12% de adelantos bancarios, mientras que los préstamos destinados a la inversión productiva apenas llegan al 11% entre hipotecarios y prendarios.
Un informe de la consultora 1816 resalta que la leve disminución de la irregularidad en junio se debió tanto a una desaceleración en el crecimiento de los saldos de financiamientos irregulares como a un aumento real del saldo total de estos. Si bien en algunos segmentos las cifras son alarmantes, el nuevo marco macroeconómico iniciado en 2024 ha comenzado a cambiar la tendencia. Tras seis años de caída, el crédito al sector privado creció cerca del 130% en términos reales entre enero de 2024 y fines de 2025, contabilizando 20 meses de expansión continua. Además, se ha registrado una significativa inclusión financiera impulsada por las fintech.
De acuerdo a datos del ITBA, el número de personas con acceso al crédito formal aumentó de aproximadamente 16 millones a más de 21 millones en dos años. Los usuarios que obtuvieron préstamos a través de fintech pasaron de 3,7 millones a más de ocho millones, de modo que casi cuatro de cada diez personas que acceden al crédito formal lo hacen mediante estas plataformas.
Sin embargo, este crecimiento se ha acompañado de un notable aumento de la morosidad. Según el Ieral, este fenómeno se debe a tres factores simultáneos: la desaceleración brusca de la inflación que detuvo la “licuación” de cuotas; el incremento en las tasas de interés reales, que en junio pasado rondaban el 3,6% mensual para préstamos personales y el 5,1% mensual en tarjetas de crédito; y un mercado laboral que continúa con salarios estancados y deterioro en la calidad del empleo.
Como consecuencia, se observó un rápido incremento de la mora. En los préstamos personales otorgados por bancos, esta pasó de niveles cercanos al 4% o 5% en 2023 y el primer semestre de 2024 a un 15% en abril de 2026. En el caso de las tarjetas de crédito bancarias, el aumento fue del 2% al 11%. Entre los proveedores no financieros, el empeoramiento fue más agudo, alcanzando una irregularidad del 34% en préstamos y del 19% en tarjetas.
No obstante, el estudio aclara que las fintech operan en segmentos históricamente excluidos y con préstamos promedio mucho menores —alrededor de $541.000 frente a más de $4,1 millones en la banca tradicional—, por lo que el riesgo sistémico es limitado. Además, la denominada «mora operativa», que refleja incumplimientos recientes, comenzó a estabilizarse desde finales de 2025, lo que alimenta la expectativa de una mejora progresiva.
Otro aspecto a considerar es el costo del crédito. Según el Ieral, entre un cuarto y un tercio del costo financiero total que enfrenta un tomador se destina exclusivamente a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Impuestos como el IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas locales incrementan sustancialmente los costos de financiamiento. Córdoba Capital y La Matanza figuran entre las jurisdicciones con mayor carga tributaria, mientras que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires presentan una menor presión tributaria municipal.
