Los cargos formulados incluyen abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves, amenazas coactivas reiteradas, coacciones reiteradas y violencia de género en sus distintas formas. No obstante, el 26 de abril, la fiscalía solo imputó a D’Agostino por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. Debido a la falta de progreso en las acusaciones más severas, el acusado continúa en libertad. En los últimos meses, diversos documentos, solicitudes y capturas de conversaciones de WhatsApp han circulado en los medios sin restricciones; sin embargo, la situación judicial parece estancada.
La querella ha denunciado manipulación del expediente, lo que llevó al Ministerio Público Fiscal a responder sobre la supuesta alteración de las fechas en un informe psiquiátrico. En lugar de aclarar la situación, la respuesta generó nuevas dudas y condujo a una investigación por falsedad ideológica. El centro de la controversia gira en torno a un dictamen del Cuerpo Médico Forense; la querella argumenta que aunque el informe fue firmado el 3 de julio, en el sistema figura con fecha del 27 de mayo. “El registro público informático del expediente presenta una cronología falsa, afectando la trazabilidad de los actos procesales y el derecho de las partes a verificar la prueba”, aseguró la denuncia inicial.
La defensa de D’Agostino, representada por la abogada Sofía Sosa Arditi, respondió a las acusaciones de la querella. Sosa Arditi explicó el funcionamiento técnico del sistema MP, utilizado por el Ministerio Público de Mendoza, y consideró que la denuncia es un acto de “ignorancia o mala fe”. Aclaró que cuando se solicitó la pericia, el Cuerpo Médico Forense abrió un documento en el sistema el 27 de mayo, fecha en la cual comenzó el trámite. Dicho documento permaneció sin firmar debido a que la evaluación se llevó a cabo en varias sesiones junto a los peritos, y solo se volvió visible para las partes una vez que fue firmado.
“Cuando se ordenó la pericia al Cuerpo Médico Forense, se abrió un archivo el 27/05 que quedó abierto porque el acto se extendió hasta su firma en una fecha posterior”, explicó la abogada, añadiendo que la querella buscó la pericia entre los documentos más recientes y no pudo hallarla porque estaba en una posición anterior en el expediente. “Cualquier abogado penalista que ejerza en Mendoza conoce estas circunstancias. Afirmar lo contrario es engañar deliberadamente al periodismo para generar información errónea”, sostuvo.
Por su parte, la Unidad Fiscal de Violencia de Género detalló en un comunicado cómo opera el sistema MP desde 2018. Indicaron que cuando se ordena una pericia, se crea un documento que se va completando tras múltiples entrevistas y que solo se hace visible una vez que todos los peritos lo firman. “Por ende, el 27 de mayo se generó el documento y el 3 de julio se cerró con las conclusiones y las firmas. A partir de ese momento, el documento es accesible para el fiscal y las partes”, explicaron.
La abogada de la querella, María Elena Quintero, replicó los argumentos presentados, sosteniendo que el comunicado de la fiscalía en realidad confirmaba su denuncia. “Un dictamen firmado el 3 de julio aparece con fecha 27 de mayo. La propia Fiscalía admite que esto es cómo funciona el sistema”, afirmó, añadiendo que se ha ampliado la denuncia por falsedad ideológica ante la Fiscalía de Instrucción N° 7, especializada en delitos informáticos. “Un expediente digital es un instrumento público y su fecha debe certificar cuándo se incorpora una prueba. Si la única fecha visible no es la correcta, el registro pierde su función de fe pública”, concluyó Quintero. La querella ha solicitado una auditoría forense sobre los registros del sistema.
