Reactivar los proyectos del “archivo” de los sectores opositores afines y grandes referentes será un gesto del oficialismo nacional, luego de los inconvenientes ocasionados por la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, así como por la discusión sobre los pliegos judiciales.
El Ejecutivo persigue dos objetivos: priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la ciudadanía, en lugar de apostar a grandes reformas (a excepción de las que ya están en curso).
En este contexto preelectoral, además de reorientar su agenda parlamentaria hacia temas más “palpables”, busca también restablecer conexiones con los partidos aliados.
El propósito subyacente es asegurar relaciones fluidas que faciliten el apoyo a otras iniciativas que el Gobierno pretende aprobar, empezando por la reforma del BCRA, uno de los principales objetivos de Javier Milei para el año; además, la inocencia fiscal.
En segundo lugar, también se mira con atención el impacto de este acercamiento en el contexto electoral.
Patricia Bullrich había propuesto esta estrategia a la Casa Rosada, pero fue adoptada oficialmente solo después de los tropiezos de la semana pasada, como una forma de aliviar las tensiones con los bloques dialoguistas tras un último tramo de conflicto político.
El enfoque es doble: por un lado, presentar una gestión efectiva con medidas de bajo costo político y alto rédito territorial; por el otro, reparar las relaciones después de los roces recientes, comenzando por la controversia en torno a los pliegos de jueces, cuando Bullrich tuvo que cancelar el acuerdo alcanzado con los líderes de bloque para darle impulso al pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
A estos conflictos se sumó el escaso respaldo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por Federico Sturzenegger, que fue rechazado en parte en el Senado y dejó en claro que los gobernadores no estaban alineados.
Entre los proyectos de bajo perfil pero con impacto directo en las economías regionales se menciona la reducción del IVA de la harina y la fécula de mandioca del 21% al 10,5%, impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad. Esta iniciativa busca igualar el tratamiento tributario con el de la harina de trigo para beneficiar a los productores de Misiones.
Otro proyecto es la llamada “ley de banquinas”, patrocinada por Javier Sánchez Wrba, que busca modificar el régimen vigente para permitir la siembra junto a las rutas, además de buscar el apoyo de los sectores agrícolas. También se encuentra la ley de electromovilidad, de Cristian Ritondo, en el marco del acuerdo entre YPF y Tesla. En el Senado, consideran que la ley de Salud Mental podría resultar en un buen rédito político, incluso dentro de la controversia con la oposición más dura.
Simultáneamente, el Gobierno intensificará los esfuerzos para acercar los proyectos de menor impacto a la población mediante una comunicación que los haga más tangibles. Este es el caso de la ley de mercado de capitales, que el Ejecutivo acordó impulsar como prioridad dentro del paquete desregulador que trabaja Sturzenegger, y que fue desarrollado recientemente en una reunión política en la Casa Rosada.
La propuesta busca “democratizar el capital”, ampliando las opciones de financiamiento para empresas, especialmente para las pymes, permitiendo que recurran a la emisión de acciones u obligaciones negociables en vez de depender únicamente del crédito bancario.
