La Sala I de este tribunal, compuesta por los jueces Alejandro W. Slokar, Daniel A. Petrone y Diego G. Barroetaveña, desestimó el recurso en contra de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que ya había respaldado la medida cautelar y el procesamiento en primera instancia.
Leal enfrenta cargos como presunto autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, específicamente por tenencia con fines de comercialización. Además, la Justicia ha impuesto un embargo sobre sus bienes, que suma 30 millones de pesos.
Los magistrados consideraron que la resolución impugnada por la defensa no se trataba de una sentencia definitiva, ni podía ser asimilada a tal por sus efectos. En este punto, recordaron la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que las resoluciones que obligan a un imputado a seguir en un proceso penal no revisten el carácter de pronunciamientos definitivos.
Asimismo, apuntaron que existe una doble conformidad judicial sobre la situación procesal de Leal y señalaron que la defensa no logró aportar evidencia de una cuestión federal ni de un supuesto de arbitrariedad que justificara la revisión por parte del tribunal.
La investigación que lleva adelante la Justicia tuvo su origen en el robo de material de un depósito en San Fernando, donde se guardaba infraestructura de la Red Federal de Fibra Óptica. Durante el desarrollo de la pesquisa, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al ex funcionario. En su departamento, las autoridades hallaron aproximadamente US$650.000 en efectivo, junto con monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. A su vez, en una vivienda de Mendoza se encontraron otros US$1,7 millones.
Leal, quien ocupó los cargos de titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) durante el gobierno de Javier Milei, también enfrenta una investigación por supuestos actos de corrupción durante su gestión en ARSAT, vinculados a presuntos retornos a cambio de adjudicaciones directas de servicios a una operadora privada.
La Fiscalía ha reconstruido, a partir de mensajes de WhatsApp, audios y otros registros, supuestos vínculos entre funcionarios encargados de supervisar al proveedor y quienes se beneficiarían de las maniobras sospechosas.
Con el rechazo de la queja, se consolida la situación procesal de Leal en el ámbito ordinario, mientras las investigaciones judiciales continúan.
