Esta iniciativa es liderada por Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA y colaborador cercano de Karina Milei, quien trabaja con un equipo técnico y político para establecer el procedimiento necesario para la destitución de la magistrada.
La denuncia presentada por LLA se suma a una acción similar realizada por la asociación civil Usina de Justicia, que también denunció a Pascual por presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, expresó Pareja en referencia a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La magistrada optó este lunes por suspender de forma preventiva la Ley 27.801, que había entrado en vigencia a nivel nacional el 5 de septiembre, alegando que la provincia no dispone de “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
El diputado Pareja rebatió esa justificación: “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”. Según él, “la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”. Para el líder de LLA PBA, “una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, consideró el fallo como una decisión que “deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente” y afirmó: “La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.
La jueza Pascual aceptó un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, dirigida por el cura villero Pepe Di Paola. La ley que reduce la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años permanecerá suspendida en Buenos Aires hasta que el Poder Ejecutivo provincial informe, en una audiencia programada para el 16 de septiembre, las medidas adoptadas para adecuar la infraestructura de los centros de detención a los estándares exigidos por la normativa.
