Las acusaciones concretas apuntan a Wade por retirar diariamente “materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos, así como el desmontaje de líneas productivas” de las instalaciones avícolas. Para respaldar sus reclamos, los ex empleados facilitaron un pendrive que contiene fotografías y videos.
Además de la inhibición, la Justicia ha intimado al presidente y al vicepresidente de cada compañía a presentar en un plazo de 10 días un inventario detallado de los bienes pertenecientes al grupo, declarándolos responsables judiciales de los activos. También deberán detallar las medidas de seguridad y conservación que están aplicando en cada planta.
En su resolución, se señala que, de encontrarse discrepancias, faltantes o cualquier circunstancia que demuestre la ausencia de bienes respecto a los inventarios, libros o registros, deberán informar con precisión tales situaciones, incluyendo copias de las denuncias presentadas ante las autoridades pertinentes y de las acciones emprendidas para su esclarecimiento y preservación.
La medida no solo limita la disposición de bienes, sino que también solicita al grupo que indique la cantidad de trabajadores en cada planta, las actividades actuales en cada establecimiento, el estado operativo de las unidades productivas y la inversión necesaria para su reactivación.
Cresta Roja fue parte de Rasic Hermanos, que se declaró en quiebra en 2015. Al año siguiente, Proteinsa S.A. adquirió los activos de la avícola, y en marzo de 2018, Wade compró estos activos por 80 millones de dólares. En esa transacción, Granja Tres Arroyos actuó como garante.
En una reciente presentación ante la Justicia, GTA solicitó la apertura de su concurso preventivo, reflejando que una porción significativa de su endeudamiento se deriva de la adquisición de Cresta Roja. Según se indicó, aún existe un saldo pendiente de pago, lo cual significa que Rasic Hermanos y Proteinsa son acreedores de Wade y Granja Tres Arroyos. La denuncia de los síndicos de la quiebra de Rasic busca proteger los intereses de la compañía bajo su tutela.
Cabe destacar que el proceso concursal aún no ha sido abierto por la Justicia, debido a un conflicto de competencias entre los juzgados comerciales. La presentación de Granja Tres Arroyos se inició en el Juzgado Comercial Nº 21, que luego trasladó el caso al Juzgado Nº 1. Sin embargo, este último se declaró incompetente y devolvió el expediente al juzgado original, por lo que aún no se ha tomado una decisión formal sobre la apertura del concurso ni se ha designado un síndico.
Mientras tanto, el grupo avícola apela a la apertura de su proceso concursal, argumentando que, de no hacerlo, se enfrentará a una “inminente quiebra”. Según sus reportes, al 31 de diciembre de 2025, su endeudamiento total ascendía a 536 mil millones de pesos, con desgloses que incluyen 199 mil millones en deudas financieras, 161 mil millones a proveedores, 52 mil millones en impuestos, 78 mil millones en deudas laborales y fiscales, y 46 mil millones en otras obligaciones comerciales. Además, reportan más de 126 mil millones en cheques rechazados y 4,978 acreedores.
En el último ejercicio, la empresa registró pérdidas por 122 mil 52 millones de pesos. El grupo marcó como fecha de cesación de pagos el 29 de enero de este año, tras no poder cumplir con obligaciones financieras que sumaban 2070.7 millones de pesos.
GTA relaciona su crítica situación financiera a diversos factores, entre los que se incluyen la incapacidad de trasladar los crecientes costos de producción al mercado interno, que se encontraba “saturado” por un exceso de oferta.
La avícola también atribuye sus problemas a factores externos, como la sequía que afectó el sector agrícola en la campaña 2022/2023, incrementando los costos de los granos; la competencia de carne aviar importada, principalmente desde Brasil; y, sobre todo, el cierre de los principales mercados de exportación debido a la gripe aviar, siendo este el principal ingreso en divisas de GTA, que dependía considerablemente de las exportaciones.
Grupo GTA se posiciona como la mayor avícola del país, controlada casi en su totalidad por Holding Agro Industrial, con el 99.9% de las acciones, mientras que el resto pertenece a miembros de la familia fundadora. La empresa opera en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco, y cuenta con siete plantas de faena en varias ubicaciones. A nivel internacional, exporta a más de 60 mercados y, en el plano interno, comercializa sus productos a través de cadenas de supermercados, así como en el sector de consumo masivo y de comida rápida, utilizando diversas marcas.
