Este miércoles, Rivaldi fue declarado culpable de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves» y recibió una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso. También quedó inhabilitado para ejercer su cargo durante el doble del tiempo de la condena. Rafecas dispuso que fije domicilio y quede bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
El hecho juzgado ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una marcha de jubilados cerca del Congreso de la Nación. La niña, de nueve años, y su madre estaban sentadas en el cordón de la vereda cuando el agente utilizó gas pimienta contra ellas.
El juicio correccional se desarrolló en una sola jornada y el veredicto se conoció este miércoles. El fiscal Eduardo Taiano impulsó la acusación y había solicitado la realización del debate oral en octubre del año pasado.
La denuncia fue promovida por el abogado Gregorio Dalbón, en representación de las víctimas. Taiano había pedido que Rivaldi fuera juzgado por abuso de autoridad y lesiones leves, al considerar que su accionar policial fue “desproporcionado e injustificado, e implicó un apartamiento de la normativa”.
La investigación determinó que el abuso de autoridad ocurrió durante una protesta frente al Congreso contra una reforma de la ley jubilatoria.
La Policía intentaba desalojar a las personas que cortaban la calle cuando Rivaldi, integrante de la División DOUCAD de la fuerza, lanzó gas lacrimógeno al rostro de Fabrizia Pegoraro, de nueve años, y de su madre, Carla Mariana Pegoraro. Después de la agresión, la niña sufrió conjuntivitis.
El agente fue citado a declaración indagatoria el año pasado. En un descargo escrito sostuvo que los hechos «se dieron en un clima de violencia y que la menor no podía ser identificada como tal porque estaba cubierta por su madre y había mucha gente».
Sin embargo, los registros audiovisuales fueron determinantes. “Los videos recabados en autos permiten observar el momento preciso en que el nombrado dirige el gas directamente hacia el sector en que se encontraban madre e hija, que estaban claramente visibles en el lugar del hecho, produciéndoles lesiones en los ojos”, sostuvo la Cámara Federal.
La Fiscalía recordó que los dispositivos disuasivos solo deben emplearse ante determinadas condiciones de riesgo o amenaza. Los protocolos de actuación, además, establecen que debe aplicarse “la mínima fuerza necesaria y suficiente”.
También señaló que las normas exigen prestar especial atención cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores. “El uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado”, afirmó Taiano.
“Fui gaseada con gas pimienta por un efectivo de la policía. Lo hizo por la espalda y mientras estaba sentada en el suelo, sin oportunidad de defenderme. Me encontraba abrazando a mi hija Fabrizia», declaró la denunciante en los tribunales de Comodoro Py.
En su declaración, agregó: «Quiero aclarar que estábamos todos tranquilos en la manifestación y de repente empezaron a gritar ‘avancen, avancen’. Que de repente avanzaron los efectivos policiales y se tornó un caos total”.
La Fiscalía Federal número ocho, a cargo de Taiano, incorporó información del Hospital Oftalmológico Santa Lucía sobre la atención brindada a la niña. Fabrizia fue diagnosticada con conjuntivitis química y tuvo síntomas durante varios días a causa del gas que recibió en los ojos.
El episodio tuvo entonces una fuerte repercusión política. Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Seguridad, calificó a la denunciante de “irresponsable y violenta” y sostuvo en más de una ocasión que “ningún agente gaseó a una nena”. Los videos y la Justicia llegaron a una conclusión distinta.
