“Desde esa perspectiva, los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es la primera vez que la Corte Suprema declara inconstitucionales artículos del mega DNU 70/23. Hasta ahora, los planteos contra la totalidad del decreto o algunas de sus disposiciones habían sido presentados por actores sin legitimación directa para iniciar esas demandas.
En este caso, el tribunal confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/23, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”.
“Aunque permanece abierto el trámite establecido en la ley 26.122 -norma respecto de cuya validez no se abre juicio alguno-, ello no puede implicar sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas. Tampoco puede significar la desnaturalización de los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho”, se afirmó.
La causa fue iniciada por María Del Carmen Bobbio, quien demandó a Swiss Medical tras recibir un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, la suba habría sido de apenas el 6,26 por ciento. La mujer pidió que se declararan inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que derogaron el artículo 5, inciso g, y modificaron el artículo 17 de la ley 26.682, normas que establecían el control estatal de los valores de las cuotas de los planes de salud.
El juez de primera instancia rechazó el amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó a la empresa limitar los aumentos de las cuotas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. También dispuso que el Estado retomara las funciones previstas por la ley y determinara el valor de las cuotas. Según la Cámara, el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud”. Consideró, además, que una medida de ese tipo solo podía ser adoptada por el Congreso Nacional. El tribunal añadió que el Ejecutivo podría haber presentado la iniciativa durante las sesiones extraordinarias, como hizo con otros proyectos, y que no se había acreditado la necesidad y la urgencia.
El Estado Nacional y Swiss Medical apelaron el fallo. La Procuradora Fiscal sostuvo que correspondía confirmar la sentencia tanto en lo referido a la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU como a la orden para que la autoridad estatal retomara el control sobre los aumentos.
Para fundamentar su decisión, los jueces citaron un fallo reciente de la causa conocida como “Cencosud”, en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
